CSIF denuncia a la Seguridad Social ante Trabajo por los riesgos psicosociales de su plantilla en Salamanca

Hace dos años, el colapso del sistema de atención de la Seguridad Social llevo a que se llegasen a vender de forma ilegal por internet citas previas para las oficinas de esta administración pública. Las quejas por la dificultad para obtener cita se han sosegado, pero la tensión interna se ha disparado. Altos niveles de estrés, problemas de comunicación con la dirección, cambios constantes en las unidades de trabajo y persecución a los trabajadores críticos con la dirección son los problemas que el sindicato CSIF viene detectando desde hace meses en las dependencias provinciales del Instituto Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social. Una situación que, además de una denuncia por acoso contra la máxima responsable de la delegación, tendría como consecuencias bajas laborales por ansiedad y como mínimo cinco empleados públicos en tratamiento psicológico por problemas vinculados con su entorno laboral. Así lo recoge la denuncia que el sindicato ha presentado hace tan solo unos días ante la Inspección de Trabajo de Salamanca para reclamar que se realice una evaluación de los riesgos psicosociales que existen para la plantilla de la Seguridad Social.

Pero antes de recurrir a la inspección, a principios del pasado noviembre, CSIF, a través de un escrito firmado por su presidente provincial, Federico Martín, solicitó al INSS y a la Tesorería que, en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, realizase «una evaluación de riesgos psicosociales con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias para mitigar estos problemas». Lo reclamaba de forma urgente «ya que los riesgos detectados requieren de una atención inmediata». Ante esa petición, el INSS respondió —la Tesorería no ha llegado a hacerlo— que un año antes de esa solicitud se había enviado un cuestionario a los más de cien trabajadores para evaluar estos posibles riesgos. Aunque solo lo contestaron cuatro empleados, la Seguridad Social lo esgrime para asegurar que no existen esos riesgos. Ante esta respuesta y la ausencia de un estudio «riguroso», CSIF ha acudido a la Inspección de Trabajo.

Conforme al artículo 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando en un centro de trabajo se detectan o se sospecha de la existencia de un daño a la salud de los trabajadores, el empresario, en este caso la administración pública, está obligada a realizar una investigación para detectar las causas y poner solución. Tras la solicitud de CSIF ante los casos de ansiedad y problemas psicológicos, la Seguridad Social no ha realizado ninguna evaluación, denuncia el sindicato.

Ante la denuncia presentada por CSIF, este periódico se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno para recoger su valoración sobre este asunto. Apuntó que la respuesta debe darla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También se la solicitado su valoración, pero de momento no se ha pronunciado al respecto.

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