El Consistorio vuelve a la carga 9 años después para que Eulen pague 1 M€ por su mal cuidado de las piscinas

La batalla judicial entre el Ayuntamiento de Salamanca y la antigua concesionaria de las piscinas, Eulen, está cerca de cumplir una década y, lejos de acercarse a su final, regresa de nuevo a la casilla de salida. La administración local no está dispuesta a darse por vencida y está decidida a cobrar los 1.042.908 euros que reclama a la mercantil por el mal estado en el que quedaron las piscinas municipales cuando dejó de gestionar las instalaciones en 2015. Desde entonces, dos veces ha iniciado la entidad local el expediente de reclamación que ha acabado en largos procesos judiciales. En ambos Eulen se ha librado de pagar por haber caducado los plazos para este tipo de procedimiento administrativo. Sin embargo, los hechos no han prescrito y, por ello, el Consistorio va ahora a por un tercer intento. La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes iniciar de nuevo el procedimiento de reclamación de daños y perjuicios.

El 3 de marzo de 2016 el entonces primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, ordenó la apertura de un expediente de reclamación de daños y perjuicios a esta compañía, pero la elaboración de los informes complementarios por parte de diferentes departamentos del Consistorio se dilató tanto en el tiempo que el procedimiento caducó. Lo reconocieron los propios funcionarios municipales en un informe y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, en el que Eulen presentó un recurso con este argumento.

Perdida esa primera batalla, el entonces alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, ordenó a los funcionarios que reiniciasen el procedimiento y les exigió «mayor celeridad y diligencia». La compañía volvió a recurrir esta reclamación en 2019. En este caso, el juzgado estimó parcialmente los argumentos de Eulen y hubo que retrotraer las actuaciones para dar audiencia a la compañía en un informe municipal que reducía el importe de la indemnización de 1,2 a poco más de un millón de euros, algo que por otra parte le favorecía a ella. Con el retraso que esto supuso, el juzgado de Salamanca volvió a considerar que el expediente había caducado, una decisión que no compartían los letrados municipales. El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León basándose en el criterio sostenido por el Supremo de que en casos como este no se aplican los plazos de caducidad de los procesos administrativos sino de la jurisdicción judicial. Pero, antes de resolverse, el pasado junio el alto tribunal dio un giro completo y estableció que los plazos que imperan son los de los procedimientos administrativos. Conclusión: es necesario reiniciar otra vez el proceso de reclamación. Y es lo que ha hecho el Ayuntamiento.

Conforme a un informe firmado por dos técnicos municipales y el jefe del Servicio de Mantenimiento del Consistorio, la reparación de los desperfectos que presentaban las piscinas en 2014 por un mal mantenimiento tenía un coste de 1.221.434 euros. En el documento se señalaba que el Ayuntamiento debía exigir a Eulen 479.892 euros por falta de mantenimiento de la piscina de Garrido, otros 167.189 por Pizarrales, 157.325 por las instalaciones de San José, 131.858 por La Aldehuela, 127.107 por La Alamedilla; 98.462 por Tejares, y 59.597 por la piscina de Rosa Colorado Luengo (La Sindical). La única infraestructura por la que no se les reclamaba dinero es por el Helmántico, el único de los recintos baños que sigue gestionando Eulen. Posteriormente, un nuevo informe reduciría la cuantía inicial de la indemnización que solicita el Ayuntamiento a Eulen en 178.526 euros.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha exigido en una nota de prensa al Gobierno municipal que «dé explicaciones a todos los salmantinos por la paralización durante nueve años de la reclamación de 1,2 millones a la empresa Eulen por la falta de mantenimiento de las piscinas». El PSOE subraya que «la falta de control y vigilancia sobre Eulen, responsable de gestionar durante quince años (1999 a 2014) las piscinas municipales, obligó al Consistorio a destinar 6.600.000 euros, que salieron del bolsillo de todos los salmantinos, para reparar los daños y acondicionar las instalaciones deterioradas debido a la ausencia de un mantenimiento adecuado».

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