Concentración en la Gran Vía en defensa de la reducción de la jornada laboral: «Puede beneficiar a 60.000 trabajadores de la provincia»

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este miércoles en la Gran Vía de Salamanca para exigir la aprobación de la reforma legal que reducirá la jornada laboral máxima ordinaria. La cita ha coincidido con la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley, un debate que los líderes sindicales «ven amenazado por el rechazo de la derecha y la extrema derecha».

El secretario general de CCOO Salamanca, José Fernando Luengo, ha abierto la concentración señalando que «la alianza del Partido Popular, Vox y el señor Puigdemont va a impedir que se dialogue siquiera una reforma que podía beneficiar a 12 millones de personas trabajadoras en España, de ellas más de 60.000 en la provincia de Salamanca». Según ha recordado, la jornada laboral de ocho horas diarias permanece inalterable desde hace décadas y «es ya una necesidad y no un capricho» reducirla.

Por su parte, el secretario general de UGT Salamanca, Marcelino Muñoz García, ha abundado en que la medida de bajar a 37 horas y media semanales impactaría sobre los convenios colectivos «más precarizados y más feminizados», así como en quienes carecen de convenio. A escala regional, ha precisado, afectaría a más de medio millón de trabajadores y en Salamanca a más de 60.000. «No podemos aceptar la excusa de que estas reformas son la ruina. Lo vimos con la subida del salario mínimo y con la reforma laboral de 2022, que lejos de hundir la economía mejoraron la calidad del empleo», ha defendido.

Ambos dirigentes han insistido en que la reducción de jornada contribuiría a «combatir la precariedad del sector servicios», predominante en la provincia. «El miedo de algunas patronales no solo es a organizar los turnos, sino también a que se registren de forma real las horas extraordinarias que se trabajan en Salamanca y que hoy no figuran en ningún sitio», ha advertido Luengo.

En respuesta a las críticas empresariales sobre la dificultad para las pequeñas y medianas compañías, Muñoz ha recordado que el propio Gobierno ha previsto «una batería de ayudas específicas a las pymes para facilitar la adaptación», por lo que ha considerado injustificadas las objeciones.

Los sindicatos han subrayado finalmente que se trata de «una reivindicación histórica, de justicia con la clase trabajadora» y han apelado a mantener la movilización en caso de que el Congreso bloquee la tramitación de la ley.

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