El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después
El Ministerio reduce la vigilancia en la instalación de la carretera de Aldealengua y Tragsa no presenta la documentación exigida para obtener la licencia de obra
Se cumple medio año desde que el Ayuntamiento de Salamanca ordenó a Tragsa que paralizase las obras que, por encargo de la Secretaria de Estado de Migraciones, acometía en las antiguas instalaciones de la residencia de San Juan de Sahagún. Aunque en el Congreso de los Diputados, el Ministerio que dirige Elma Saiz aseguró por escrito el pasado abril que «su uso se integrará en el sistema de acogida estatal», lo cierto es que su transformación en un centro de inmigrantes se encuentra actualmente en el aire.
Ni el Consistorio ni la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León han vuelto a tener noticias de Migraciones, que, según aseguran los vecinos, ha retirado de las instalaciones de la carretera de Aldealengua la vigilancia que había a principios de este año. «No ha vuelto a haber movimiento, ni ningún tipo de obras», insisten.
Para obtener la licencia municipal y poder continuar con las obras, el Consistorio instó a Tragsa a presentar un proyecto detallado de la intervención prevista en el edificio, al considerar que la magnitud de la obra —con un presupuesto de 1,3 millones de euros— exigía más que una declaración responsable por parte de la empresa pública. Y, por su parte, la Junta de Castilla y León envió una carta al Ministerio en la que le informaba de que, conforme a una orden autonómica del pasado 7 de noviembre, no se puede abrir ese centro sin autorización previa de la administración autonómica.
Además, esa norma limita la capacidad de cualquier albergue para personas vulnerables a un máximo de 120 personas, y la previsión de Tragsa era que en estas instalaciones se alojasen hasta 448 inmigrantes. Seis meses después, ni la compañía ha presentado el proyecto al Ayuntamiento ni Migraciones ha informado a la Consejería de sus planes.
Aunque el Ministerio puso en manos de la Abogacía del Estado la paralización de las obras y esta le indicó, según fuentes del departamento que dirige Elma Saiz, que la Junta no podía paralizar la apertura de un centro de inmigrantes por ser una competencia estatal, Migraciones no ha movido ficha. Al ser consultada por este periódico sobre si tiene intención de retomar los trabajos de rehabilitación de la antigua residencia, Tragsa se remite a lo que diga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y este, por su parte, apunta que, por ahora no hay ninguna novedad sobre este proyecto que ha generado una gran polémica en el barrio de Puente Ladrillo durante los pasados meses y ha dividido a los vecinos en defensores y detractores del proyecto.
Tanto desde la asociación Puentelave, favorable a la iniciativa gubernamental, como desde la plataforma que la rechaza aseguran que no han recibido ningún tipo de información del Ministerio ni de la Subdelegación sobre si el proyecto sigue adelante, pero indican que por las deterioradas instalaciones de la carretera de Aldealengua no han vuelto a ver obreros ni vigilantes.
La documentación que Tragsa presentó al Consistorio indicaba que en este complejo, propiedad de la Tesorería General del Estado que hasta 2023 se alojaban 133 mayores, se acondicionará para que pueda albergar hasta 448 inmigrantes. Pero Migraciones insiste en que, aunque se incluya en su red de centros de acogida, su destino concreto y sus plazas no están decididas. De momento, esa transformación ha quedado en el aire.
Al menos uno de cada tres inmigrantes de Salamanca tiene nacionalidad española
En Salamanca están empadronadas 35.822 personas nacidas fuera de las fronteras españolas. Al menos un tercio de ellos no pueden considerarse extranjeros, porque aunque nacieron en otros países cuentan ya con la nacionalidad española. Conforme a los últimos datos de población publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, realmente solo puede considerarse a extranjeros a 23.632 habitantes de la provincia, ya que, al menos, 12.190 salmantinos que nacieron fuera de España están reconocidos como ciudadanos españoles. De hecho, puede que algunos de ellos, lo sean desde su nacimiento por ser hijos de emigrantes y, por el contrario, otros nacidos en España no tener nacionalidad al carecer sus padres también de ella.
No existen ningún dato oficial de cuántos inmigrantes irregulares residen actualmente en la provincia, aunque muchos de ellos están dados de alta en el padrón. A lo largo del pasado año, consiguieron la nacionalidad en Salamanca 787 extranjeros, una cifra muy similar a la de 2023 (772), pero duplica a las de 2022 (357). Cuatro de cada cinco que la obtienen, procedente de los países integrados en la denominación «Iberoamérica plus», en la que se incluyen principalmente los países de habla española y portuguesa en América.
Por otra parte, en los últimos cuatro años, los extranjeros que ha obtenido el permiso de arraigo en la provincia se han multiplicado por siete, al pasar de 152, en 2020, a 1.050, en 2024.
