...y los ayuntamientos inician una nueva ofensiva contra el nueva tasa de basuras

Los ayuntamientos del PP han iniciado una nueva ofensiva contra lo que ellos califican de «disparate»: una tasa que, a juicio de las corporaciones locales, atenta contra la autonomía municipal y, además, la ley de Pedro Sánchez no establece cómo se debe aplicar con criterios de equidad, más aún en una provincia como la de Salamanca, en la que la mayoría de los municipios ni siquiera tiene capacidad para implantarla.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, consideran que la implantación de la tasa va a provocar una avalancha de recursos y que los vecinos acabarán pagando más mientras se cuestiona la legalidad de este cobro.

Sostienen que la tasa no incentiva la separación de los residuos en origen, ni tampoco el reciclado en los domicilios, que en teoría es el objetivo de la normativa europea.

El Consorcio de Gestión de Residuos (GIRSA) ha asumido a lo largo de este año los gastos derivados de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, por la que el Gobierno obliga a los ayuntamientos a trasladar el coste íntegro de la gestión de los residuos, una factura que ha supuesto casi 2,8 millones de euros. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, serán los ayuntamientos quienes, a través de una ordenanza, establezcan una nueva tasa o adapten la que tienen para repercutir, como establece el llamado 'sanchazo', el coste íntegro a los vecinos. Esta es una de las cuestiones más controvertidas para los alcaldes, que se resisten a incrementar la carga fiscal de los ciudadanos.

De hecho, en Salamanca solo la capital ha adaptado las tasas al 'basurazo' o 'sanchazo', como ya se conoce a este nuevo tributo. En el resto de la provincia, tanto ayuntamientos como mancomunidades están tramitando en estos momentos las ordenanzas o se encuentran en periodo de exposición pública para repercutirlo a partir del próximo año, bajo amenaza de quedarse sin fondos europeos si no trasladan el coste a los vecinos.

Los ayuntamientos defienden que la imposición de la tasa de basuras supone un cambio importante en la concepción de las tasas locales recogida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puesto que, tal como establece el artículo 20.1, las tasas son un tributo de imposición voluntaria para las entidades locales. Sin embargo, en la ley del Gobierno se establece por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa para los servicios, cuya aplicación no comparten.