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Los propietarios de los pisos turísticos de la ciudad tendrán que pagar la tasa de basura como si fueran negocios. Esto implica un incremento del abono que hacían hasta ahora, una vez que entre en vigor la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de los Apartamentos y las Viviendas de Uso Turístico.
Según ha podido saber este periódico, por ahora será el único cambio, ya que no se modificará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), salvo en el caso de que la apertura del alojamiento vaya aparejada a una reforma importante del inmueble que incremente su valor catastral.
Cabe recordar que la nueva ordenanza se debatió el martes y miércoles pasados en las comisiones de Fomento y Policía por parte de los grupos políticos del Consistorio. Se espera que una vez dictaminada la normativa se eleve a pleno para su aprobación provisional, previsiblemente a la sesión ordinaria prevista para el próximo 26 de julio.
A partir de ahí se abrirá un periodo de 30 días hábiles para presentar alegaciones y modificaciones del texto. Finalizado este plazo, se estima que el nuevo documento regrese a pleno en el mes de octubre para su aprobación definitiva y entrada en vigor 15 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
A partir de ese momento los propietarios de los pisos turísticos que ya tienen licencia tienen tres meses para adaptarse a los nuevos requisitos presentando en las dependencias municipales la comunicación de inicio de actividad y la acreditación de que cumplen con los requisitos.
En cuanto a los pisos inscritos en el Registro Turístico de la Junta, tendrán un máximo de dos meses para presentar la comunicación ambiental y el inicio de actividad en el Ayuntamiento.
No obstante, algunos propietarios ya se adelantan y presentan las comunicaciones ambientales para recibir la licencia.
En las últimas dos semanas han sido ocho los titulares que han querido regularizar 21 alojamientos, dado que uno de ellos ha iniciado el trámite para un bloque viviendas con 14 pisos turísticos.
Cabe destacar que en la comisión de Policía del pasado 3 de julio se desestimaron dos alojamientos al ubicarse por encima de viviendas de uso residencial, algo prohibido en el Plan General de Ordenación Urbana.
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