Más de 40.000 viviendas vacías de Salamanca y miles de segundas residencias se enfrentan a una subida fiscal

El PSOE considera «imprescindible una respuesta valiente, decidida y estructural» por parte del Estado para que la vivienda deje de ser «tratada como una mercancía o un activo financiero». Así, de la mano del Ministerio de Vivienda, a cuyo frente se encuentra Isabel Rodríguez, ha planteado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que busca solucionar la actual crisis habitacional que vive España «desde el frente fiscal, ya que aquello que el sistema impositivo incentiva o penaliza determina de facto el modelo de ciudad y de sociedad que construimos». Tras este argumentario, los socialistas han impulsado una batería de medidas para favorecer el alquiler asequible que pone en la diana a las más de 40.000 viviendas vacías de la provincia, así como a otras 25.543 segundas residencias que poseen los salmantinos. Se enfrentan a una subida impositiva que penalizará principalmente a aquellos inmuebles de mayor valor, así como a los propietarios que tienen más viviendas en propiedad.

Además de apostar por la creación de un nuevo impuesto sobre la acumulación de bienes inmuebles de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y concebido como un complemento al IVA, propone modificar el artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ese cambio supondria gravar más a quienes poseen viviendas vacías, pero también segundas viviendas. La subida fiscal la percibirán quienes tengan un segundo inmueble con un valor catastral superior a los 100.000 euros o varias casas que no sea su residencia habitual y que juntas superen ese importe. Frente a la imputación del 1,1% de rentas inmobiliarias que se aplica ahora, a partir de ese valor catastral se iría elevando hasta llegar al 3 por ciento. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el valor real de las viviendas suele estar muy por encima del catastral.

No es fácil cuantificar cuántos serían los afectados en Salamanca por esta medida que ha propuesto el PSOE en el Congreso. Según la última estimación del parque de viviendas de Salamanca del Ministerio de Transportes, de las casi 247.200 viviendas de la provincia, el 58,55% serían residencias habituales. En torno a 102.500 serían segundas viviendas. El Instituto Nacional de Estadística (INE), por su parte, cifraba el pasado noviembre en 40.669 las casas y pisos de la provincia que, dado su escaso consumo energético, puede considerarse que se encuentran vacías. Una de cada seis viviendas desocupadas se localizaría en la capital del Tormes (6.545). Los siguientes municipios en los que más inmuebles sin uso hay serían Béjar (1.930) y Ciudad Rodrigo (1.797).

Por otra parte, la estadística apunta a que en el conjunto de Salamanca hay otros 17.378 inmuebles de carácter residencial en los que hay un bajo consumo energético y otras 33.662, de un uso esporádico. Muchas de ellas, serían precisamente esas segundas viviendas a las que el PSOE quiere aplicarles ese incremento de la tributación y el Gobierno lo hará si consiguen los apoyos suficientes en la Cámara Baja para sacar adelante su proposición. No obstante, muchas de las segundas viviendas pertenecen a familias que la mayor parte del año residen fuera de la provincia. En una estadística más desactualizada (con datos de 2021), el INE cifra en 25.543 los hogares de Salamanca que poseen una segunda residencia. Dos de cada tres (17.171) se encuentra en otro municipio charro distinto a aquel en el que vive de forma habitual la familia propietaria. En la mayoría de los casos, se trata de la «casa del pueblo». Otro 10% se localizan en el mismo municipio que la residencia habitual. Y otra quinta parte, casi 4.900 inmuebles, serían propiedades que los salmantinos tienen fuera de la provincia o de Castilla y León.

Pero, con todo ello, es difícil cuantíficar los contribuyentes que poseen una segunda vivienda con un valor catastral superior a 100.000 euros —en el mercado podría llegar a tener 200.000— o más de un inmueble de uso no habitual que superen ese importe. Pero en el foco de esa propuesta de subida fiscal estarían más de 40.000 residencias vacías y, al menos, otras 25.000 de uso esporádico.

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