Más de 1.000 objetores en Sacyl ralentizan los procesos de eutanasia
El 40% de las personas que solicitaron la prestación murieron mientras esperaban. Solo una eutanasia se completó en Salamanca en 2024 pese al aumento de solicitudes
El incremento de profesionales sanitarios de Castilla y León adscritos al registro de objetores de conciencia para la realización de eutanasia ha generado un aumento de la demora en los plazos establecidos.
Este 'retraso' se traduce en que el 40% de las personas que solicitaron la eutanasia el pasado año fallecieron mientras esperaban a que se valorara su solicitud, o cuando ya estaba aprobada y solo faltaba llevarla a cabo.
La Comunidad ha pasado de 27 solicitudes durante 2023 a las 40 del pasado año, de las que 15 fueron llevadas a cabo, frente a las 12 del periodo anterior.
En el caso concreto de Salamanca, solo una persona recibió la prestación de eutanasia durante 2024. Se manejaron cinco solicitudes -una de ellas se arrastraba desde 2023-, de las que tres fueron denegadas. Respecta a las otras dos, un paciente falleció durante el proceso de tramitación y en un único caso sí se llegó a realizar la prestación.
El proceso que se sigue desde que una persona solicita la eutanasia hasta que un médico la lleva a efecto está protocolizado a nivel nacional y coordinado en cada comunidad autónoma por una Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia que, en el caso de Castilla y León, está presidida por el salmantino Francisco Vara.
El responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos de Los Montalvos comenzó siendo vicepresidente de esta comisión, asumió la presidencia tras la jubilación del anterior responsable y esta misma semana ha sido anunciado -a través del BOCYL- como nuevo presidente para el periodo de los próximos tres años, prorrogables por dos más.
El camino desde que una persona solicita asistencia médica para morir hasta que se le presta comienza con la figura de un 'médico responsable' que debe determinar si el paciente cumple con los requisitos para recibir la eutanasia. Este médico debe explicar el proceso deliberativo al paciente y, si considera que el caso pude seguir adelante, envía un informe al 'médico consultor'. En este caso se trata de un médico especialista en la enfermedad del paciente: un oncólogo, neurólogo, etc.
Cuando este médico consultor también da el visto bueno, el caso pasa a Comité de Garantía y Evaluación que presiden Francisco Vara. Es el propio presidente quien nombra a un equipo verificador, compuesto por un jurista y un médico. Ese dúo examina toda la documentación para determinar que todo el proceso se ha hecho correctamente y confirmar sí se cumplen, o no, todos los criterios.
A partir de este momento, el presidente envía una comunicación al médico que comenzó todo el proceso -el médico responsable- para notificarle que todo está correcto y que puede realizar la prestación de eutanasia.
Puede suceder que en cualquier fase del proceso se deniegue la solicitud por no cumplir algún requisito. El paciente tiene derecho a reclamar esta negativa ante la Comisión de Garantía y Evaluación. «El presidente tiene que nombrar a otro jurista y otro médico para estudiar la reclamación y exponer el caso a la Comisión, que tiene que decidir sí admite la demanda del paciente o la rechaza», explica el doctor Francisco Vara.
Una de las novedades incorporadas al protocolo -destaca Vara- es que «cuando se aprueba una resolución favorable, se le da la posibilidad al paciente de retrasar la ejecución de la eutanasia, si tener que reiniciar el proceso». «Anteriormente, si un paciente con la solicitud aprobada solicitaba retrasar la prestación, era como si el proceso se cancelara y había que reiniciar desde el principio todos los trámites. Ahora, se puede aplazar sin tener que volver a empezar, siempre que ese caso siga cumpliendo los mismos requisitos», explica el jefe de Paliativos.
La presidencia de Vara no es la única novedad en esta Comisión de Garantía y Evaluación. Entre los cambios de componentes anunciados destaca la salida de la neuróloga del Hospital de Salamanca, Dolores Calabria -dimitió-, y la presencia de la enfermera Cristina Bravo Vicente.
Esta Comisión de Garantía ha expresado la dificultad que encuentran para el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley en cada una de las sucesivas fases y actuaciones necesarias, que este último año han empeorado. Así, el intervalo de tiempo transcurrido desde la primera solicitud hasta que se autoriza la realización de la prestación por parte de la Comisión ha pasado de una media de 54 días a una de 58 días, siendo la media superior a los 80 días.
Entre una primera y una segunda solicitud también crecen los intervalos: de 11 a 16 días. Más pronunciada es la demora desde que la Comisión emite una resolución favorable hasta que la prestación se lleva a cabo: de 12 días en 2023 a 24 días -el doble- en 2024.
Uno de los principales motivos de estos retrasos radica en que, en muchas ocasiones, el paciente presenta la solicitud de eutanasia a su médico habitual, pero éste es objetor de conciencia. «En estos casos resulta difícil que otro médico, que no conoce al paciente, asuma llevar la prestación».
De hecho, una de las recomendaciones de la Comisión de Garantía y Evaluación a la Gerencia Regional de Salud es que se realicen «todos los esfuerzos para que el médico consultor no tenga vinculación asistencial previa con el paciente, siguiendo las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas».
En el registro de Castilla y León sobre profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir figuran 1.028 personas, de las que 889 son médicos, 303 personal de Enfermería y 16 farmacéuticos. También se menciona «la objeción de conciencia de todos los farmacéuticos de uno de los hospitales de la Comunidad», que obligó a la entrega de los fármacos por parte del servicio de farmacia de otro hospital de referencia.
40 peticiones
La gran mayoría de personas que solicitan la eutanasia en Castilla y León son pacientes que padecen enfermedades neurológicas degenerativas graves como, por ejemplo, la ELA. De las 40 solicitudes valoradas el pasado 2024 en la Comunidad, 25 eran patologías neurológicas, de las que 17 eran casos de ELA. Otras 11 personas eran pacientes oncológicas. Sufrían algún tipo de cáncer terminal, sin visos de curación, y solicitaron acelerar el proceso. Se dieron otros tres casos de personas con enfermedad psiquiátrica. Tanto el grupo de expertos del Ministerio de Sanidad como los integrantes de la Comisión de Garantías de Castilla y León coinciden en que no puede excluirse la enfermedad mental entre los candidatos a la eutanasia, aunque recalcando que existen diferencias entre enfermedad y trastorno mental. Por último, se tramitó una solicitud englobada en otro tipo de patología que no pertenecía a ninguna de las anteriores categorías. En el perfil del paciente que solicitó la eutanasia en la Comunidad también se aprecia una clara diferencia por sexos: 26 eran hombres y 14 eran mujeres. En cuanto al tipo de especialista que llevó a cabo las prestaciones de eutanasia fueron 11 médicos de familia, 3 neurólogos y un internista.
