«Quieren que nos vayamos de los pueblos para salir más baratos»

Ni la intervención del Defensor del Pueblo, ni el expediente abierto el año pasado a la empresa adjudicataria han conseguido que los responsables del servicio de autobús a Salamanca capital desde los pueblos de Sotoserrano, Cepeda, Miranda del Castañar, Santibáñez de la Sierra, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero y Linares de Riofrío hayan dado soluciones al drástico recorte de servicios que sufrieron estos pueblos durante la pandemia.

Los alcaldes han levantado la voz de nuevo para reclamar el regreso de un servicio vital para comunicar a sus vecinos, muchos de ellos personas mayores y sin coche, con Salamanca capital .Y es que la concesionaria de este servicio, la línea VAC-053 Coria-Salamanca-Barcelona con hijuelas, que depende del Ministerio de Transportes, recortó viajes de forma notable al inicio de la pandemia y no los ha recuperado. Y es que, de poder ir a Salamanca prácticamente todos los días y libremente, los usuarios que quieren acudir a la capital en autobús desde esos pueblos sólo pueden hacerlo ahora los lunes y los viernes. Además, han de llamar dos días antes para reservar y dar su número de tarjeta.

Los alcaldes, de diferentes colores políticos, están viendo cómo el Ministerio que preside Óscar Puente, está haciendo dejación de funciones de forma muy notable. Elena Nieto o José Martín, de Santibáñez de la Sierra y Linares, se lamentan de que todo siga igual, una opinión que comparten los alcaldes de San Esteban o San Miguel. También el de Miranda, Manuel González, está pendiente del tema: «Es una línea nacional que viene de Barcelona y Coria. Yo he hablado con la Junta y me dicen que al ser nacional, no pueden hacer nada». Y así es ya que, aunque el ministro Puente lo niegue, la línea depende de él y los alcaldes esperan «que se ponga a trabajar».

«Seguimos igual, es un caos, nadie se preocupa de nada ni dan solución. Desde la pandemia seguimos así y decimos luego que miramos por la España Vaciada, lo que quieren es que nos vayamos todos los pueblos para que salgamos más baratos, pero luego les gusta venir a pasear y que estén los caminos preparados, disfrutar de la flora y el medio ambiente. Que lo mantengamos, eso sí, los del medio rural», así de contundente habla el alcalde de San Miguel de Valero, Manuel Oliva, al tratar el tema del servicio de autobús a Salamanca, que ha provocado numerosos problemas a sus vecinos.

Tiene palabras también para el ministro Puente y su departamento por la dejación de funciones que están realizando al ignorar de forma sistemática las demandas de los ciudadanos de estos municipios de la provincia de Salamanca: «Parece mentira que sea ministro y no sepa que estos autobuses son competencia del Gobierno Central. Reivindicamos la realidad y, si no, que venga él aquí y vea sobre el terreno cómo nos tienen en los pueblos». Y es que el recorte de horarios y días de expediciones a Salamanca provoca numerosos problemas a ciudadanos que, en muchos casos, son personas mayores y no pueden desplazarse de otra manera. Tienen que viajar por cuestiones médicas o por otras gestiones y han de ajustar sus consultas o sus citas a los lunes o viernes, que es cuando les puede recoger el autobús o el taxi porque, al obligarles a llamar previamente, si hay pocos usuarios, la empresa les lleva en un taxi pese a que se trata de una línea regular de viajeros y el autobús debería pasar independientemente del número de pasajeros que vaya a tener.

El Gobierno de España respondía el 7 de julio de 2022, ante una pregunta de diputados del PP sobre concesiones de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de titularidad de la Administración General del Estado, que había 77 servicios. La respuesta adjuntaba un cuadro con todas esas líneas en las que aparece la VAC-053 Coria-Barcelona-Salamanca. Es decir, que la línea que ha recortado viajes en la Sierra depende del Ministerio de Transportes.

Una resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre del 4 de abril de 2014 autoriza la transmisión del contrato de gestión del servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Coria-Salamanca-Barcelona. La empresa Renfe Íñigo traspasaba entonces la concesión a Vibasa, empresa del grupo Monbus, que es la que ofrece el servicio en la actualidad. El Ministerio autorizaba este traspaso al tratarse de una línea de exclusiva titularidad estatal.

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