Los 12 pueblos de Salamanca que caen de los 100 habitantes en un año

La despoblación se mantiene como uno de los principales problemas del medio rural de la provincia, como ponen de manifiesto los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y es que el 25% de los pueblos de la provincia de Salamanca tiene ya menos de 100 habitantes censados si se tienen en cuenta esos datos. Son 94 los pueblos que no llegan al centenar de vecinos empadronados con los riesgos y problemas que ellos conlleva a nivel de servicios o pérdida de ingresos por subvenciones o tributos del Estado. Sólo en un año han sido doce los pueblos que han pasado a formar parte de este grupo de pueblos, mientras que, paradójicamente, sólo uno han conseguido crecer y superar esa barrera: Sardón de los Frailes, que tenía 98 censados en 2023 y alcanzó los 101 en 2024).

Los municipios que han bajado de esa cifra conforme a los datos del INE son Alberguería de Argañán (de 103 a 98), Aldeanueva de la Sierra (de 106 a 98), Aldeavieja de Tormes (de 100 a 99), Arcediano (de 100 a 96), Coca de Alba (de 102 a 95), Fresnedoso (de 102 a 98), Olmedo de Camaces (de 100 a 94), Pinedas (de 106 a 94), Saldeana (de 105 a 99), Tabera de Abajo (de 102 a 99), Ventosa del Río Almar (de 104 a 99) y Villares de Yeltes (de 101 a 96).

Estas localidades se suman a una lista de 83 pueblos que ya habían bajado de los 100 habitantes. Este grupo de municipios sigue perdiendo población en una tendencia de la que no se escapan ni grandes localidades de la provincia, aunque no ha sido así en todos los casos y cerca de una veintena de municipios de menos de 100 habitantes ha mejorado los datos de 2023 con incrementos leves en la mayoría de los casos. Destaca el caso de Sanchón de la Sagrada, que ha crecido en un año en 15 habitantes, lo que implica un 41,55% de habitantes censados en 2024 frente a 2023. Y es que ha pasado de los 36 habitantes a los 51, siempre según los datos oficiales reconocidos por el INE. Iruelos y Vallejera de Riofrío también incrementaron su censo con 5 habitantes cada uno y pasaron de 26 a 31 censados en Iruelos y de 67 a 72 en Vallejera. Otros pueblos que crecieron, aunque no lo bastante para salir de la lista de los menores de cien vecinos son. Así, hubo pueblos que incrementaron su censo oficial en cuatro personas (Pizarral), en tres (Martinamor, Tejeda y Segoyuela o Valverde de Valdelacasa), en dos (Las Casas del Conde, La Bouza, La Cabeza de Béjar, Cilleros de la Bastida, Pastores, Villarmuerto) o en uno (Moríñigo, Navamorales, La Sierpe, Valdehijaderos y Valdemierque). Son cifras positivas pero que no invitan al optimismo general ya que, por el lado contrario, el resto de pueblos pequeños siguió perdiendo población y, en algunos casos, de forma muy llamativa. Sucedió, por ejemplo, en Malpartida, que se dejó un 11,11% de habitantes en un sólo año al bajar de 90 a 80 o Puerto Seguro, que pasó de 68 a 55 censados, según el INE (perdió cerca del 20% de los empadronados). El Tejado perdió ocho empadronados en un año y Ahigal de los Aceiteros, seis. Cifras que en grandes ciudades son imperceptibles pero que para estos municipios significa mucho.

«Hemos subido cuatro vecinos, pero en realidad tenemos más, nos han hecho una baja de cuatro personas y no sabemos por qué. Estamos ahora viéndolo y, aunque no creo que nos lo modifiquen, pero por lo menos que aparezcan para el 1 de enero de 2025, que seguramente estemos en los 70 y cuando entré en el 19 casi rondábamos los 40», explica Jesús Ángel Sánchez, alcalde de Pizarral a la hora de explicar un cierto desajuste entre las cifras de empadronados del Ayuntamiento y las que reconoce el INE. Se trata de una problemática más común de lo que puede parecer y que en el caso de pueblos pequeños, el hecho de que se les quiten cuatro o cinco vecinos es una situación más problemática por lo que implica la pérdida de ayudas por población. Es un caso extendido no sólo en Salamanca ya que, según ha podido saber este periódico, un municipio de la provincia de Ávila próximo a la comarca salmantina del Alto Tormes ha denunciado que el INE le ha retirado un 10% del censo de vecinos dándose la situación de tener más personas para votar en unas elecciones que en el padrón de habitantes, que está formado por los votantes, por los menores de edad y por extranjeros no registrados para votar.

«La gestión de los municipios de menos cien habitantes es una gestión compleja y especial porque en estos casos el alcalde es el que tiene que hacer todas las funciones habidas y por haber: albañil, electricista, secretario... Y andar controlado distintos ámbitos para que los vecinos puedan seguir con sus actividades», señala el regidor de Pizarral (64 habitantes reconocidos por el INE). «Hay veces que uno se frustra porque das con administraciones con distintas competencias donde se ve la poca valía que se nos tiene en los pueblos pequeñitos. La tramitación de las subvenciones se hace larguísima, intentas actualizar servicios o mejorarlos, pero se demoran demasiado porque las ayudas tardan más de lo que deberían en llegar», explica Sánchez. El regidor añade que: «En los ayuntamientos pequeños como Pizarral tenemos los medios económicos que tenemos y nos toca estar pendientes de esas subvenciones que demoran mucho el poder dar servicios a los vecinos. Estoy disgustado porque no se cumplen los distintos plazos. Empezamos con subvenciones en enero, llegamos a diciembre y todavía no sabemos nada. Se retrasa todo y no se puede».

«Esa gestión municipal en los pueblos pequeños se hace cuesta arriba porque los alcaldes están solos, no tenemos a quien acogernos, como un personal de pueblos grandes, para ayudarnos y que haga la vida más fácil, pero hay que seguir en la brecha e intentar, en la medida de lo posible, que los vecinos y sus descendientes, que sigan apostando por esta vida rural, por la vida en los pueblos. Intentamos mitigar todos los problemas y hacer algo positivo».

«Lo vivimos con angustia porque cada vez hay más recortes y, por ejemplo, en Monleón teníamos dos visitas a la semana del médico y se ha reducido a uno. Eso dificulta todo el funcionamiento y, encima, con la población cada vez más envejecidas y con necesidades médicas cada vez mayores. Va siendo complicado el poder asistir al médico porque en el caso de urgencias hay que trasladarse a Linares y muchos no tienen coche», explica Susana Moya, edil de Monleón al hablar de los retos de los pueblos pequeños que, como el suyo, ya han bajado de 100 habitantes.

«Pasa el médico los miércoles y estos dos miércoles próximos van a ser festivos y ni va a haber un cambio, así que va a haber 21 días que vamos a estar sin médico», explica. Y es que los vecinos de Monleón no tendrán consulta porque el miércoles próximo es Navidad y el siguiente, Año Nuevo, de modo que el médico no volverá al pueblo a pasar una consulta ordinaria, como pronto, hasta el 8 de enero.

El del transporte es otro de los problemas que tienen sus vecinos, y los de una gran parte del sureste de la provincia. Y es que, explica: «Sigue sin pasar el autobús por Monleón y, aunque se pide con días de antelación, ha habido varias ocasiones en las que aún pidiéndolo, no ha pasado y, además, hay que trasladarse a un kilómetro al cruce porque ni si quiera entra en el pueblo».

Susana Moya, también destaca la importancia de la educación, que reconoce que es un servicio que se desarrolla de forma positiva: «En el tema de educación sí es cierto que viene un autobús, recoge los niños y los lleva al colegio e incluso se les paga el comedor. En este caso está un poquito más organizado, pero en el tema sanitario y el del transporte lo vivimos con angustia».

El Tornadizo es pueblo vecino de Monleón y comparte con él otro problema para los pueblos pequeños y con pocos recursos: el de la depuración. La situación orográfica de los dos pueblos impide que haya un único punto de vertido de aguas residuales hasta el punto de que cada uno de ellos tiene cuatro puntos diferentes. Ello obliga a construir cuatro depuradoras en cada uno de ellos con el gasto que ello conlleva. Los trámites se están realizando para que se haga cargo la empresa pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León, ya que, de lo contrario, sería inviable económicamente para ellos.

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