Refuerzo a la asistencia jurídica en la provincia: «Ningún pueblo quedará desprotegido»
La Diputación amplía el acuerdo con el Colegio de la Abogacía de Salamanca
La Diputación refuerza la asistencia jurídica a los pequeños municipios a través del nuevo convenio de colaboración con el Colegio de la Abogacía de Salamanca.
Este acuerdo, ratificado por Javier Iglesias y Miguel del Castillo, decano del Colegio, tiene por objetivo «garantizar que ningún municipio de la provincia, por pequeño que sea, quede desprotegido en materia legal», como ha destacado el presidente de la institución provincial.
«La Diputación presta desde hace años un servicio de asistencia jurídica, económica y técnica, pero queríamos dar un paso más», ha insistido Iglesias, que ha explicado que el nuevo convenio pasa de 8.000 a 10.000 euros anuales y tendrá una duración de cuatro años: desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030.
En concreto, de este servicio gratuito podrán beneficiarse todos los pueblos de menos de 1.000 habitantes y con recursos ordinarios inferiores a 250.000 euros, lo que supone más del 90 % de los municipios de la provincia. «Todos ellos dispondrán del respaldo de profesionales cualificados, sin que suponga un coste añadido a los ayuntamientos», ha apuntado el presidente de la Diputación.
En los últimos años, varios municipios ya han recurrido a este servicio. En 2024, por ejemplo, solicitaron asistencia Armenteros y La Tala, cuyos procedimientos continúan en tramitación. También solicitaron apoyo jurídico Golpejas y Villar de Gallimazo, cuyos casos ya se han cerrado, y recientemente se ha retomado un proceso en El Tejado.
«Este convenio representa muy bien el espíritu de la Diputación de Salamanca, que es estar al lado de nuestros pueblos, sobre todo de los más pequeños, facilitándoles que puedan gestionar sus asuntos con seguridad, respaldo y garantía jurídica», ha concluido Javier Iglesias.
También el decano del Colegio de la Abogacía de Salamanca, Miguel del Castillo, ha destacado la importancia de este convenio, que se firmó por primera vez en 2004. «Se trata de estar a la vanguardia en la prestación de servicios a las distintas asociaciones, instituciones y estratos de la sociedad provincial en la que desarrollamos nuestra labor profesional como abogados».
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