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Una mujer fotografía a unos gatos callejeros. ARCHIVO
La gestión de los «gatos comunitarios» ahoga a los pueblos

La gestión de los «gatos comunitarios» ahoga a los pueblos

Los ayuntamientos están obligados a esterilizar y poner un microchip a cada animal. Las sanciones oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros

Isabel Alonso

Salamanca

Sábado, 14 de octubre 2023, 07:37

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El control de las colonias felinas es uno de los temas que aborda la nueva Ley de Bienestar Animal que más está dando que hablar. Y no sólo por la dificultad de controlar a los «gatos callejeros» (desde ahora «gatos comunitarios») sino por el fuerte gasto que esta obligación le supone a los ayuntamientos y los hasta 50.000 euros de multa que acarrea su incumplimiento.

El Capítulo VI de la nueva ley, donde se establece el marco legal para la gestión de las colonias felinas, obliga a los consistorios a capturar a los gatos para esterilizarlos y colocarles un microchip para su identificación. En la larga lista de tareas, los ayuntamientos también están obligados a llevar un censo de los felinos, además de a desparasitarlos y vacunarlos. Todo ello antes de ser devueltos a su colonia.

La aplicación de este sistema, conocido como método CER (Captura, Esterilización y Retorno), está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para los ayuntamientos, especialmente para los más pequeños y con presupuestos más limitados.

Un ejemplo de la «asfixia» que están sufriendo algunos de estos consistorios está en La Vellés, donde su alcalde cifra en 80 euros de media el gasto por animal. «Tenemos dos colonias y habrá cerca de 60 gatos en el pueblo, lo que nos va a generar un importante daño económico al ayuntamiento, a pesar de la rebaja que nos hacen desde la clínica veterinaria porque un propietario particular puede llegar a pagar hasta 140 euros por lo mismo», asegura Javier Marcos.

La aplicación de la nueva normativa les obliga además a devolver a los animales al mismo lugar donde los han capturado, aunque ello pueda suponer un problema de salud pública. «En nuestro caso una de las colonias se encuentra junto a la guardería y la otra junto a un bar, pero no nos permiten trasladar a los animales hasta, por ejemplo, una parcela municipal donde les podamos seguir atendiendo y tenemos que buscar un espacio dentro del casco urbano», denuncia.

Al igual que en La Vellés, otros muchos ayuntamientos de la provincia han tenido que tomar medidas para cumplir con la nueva normativa de Bienestar Animal, incluso adelantándose a su entrada en vigor. Doñinos de Salamanca fue una de las localidades más previsoras en aplicar el método CER, para el que cuentan con una partida económica concreta. «El cumplimiento de la normativa supone un gasto importante tanto para los pueblos grandes como pequeños porque tenemos que llevar un control de las colonias», explica su alcalde Manuel Hernández.

En su caso, el Consistorio de Doñinos comenzó hace año y medio con este trabajo. «Llegamos a un acuerdo con una clínica veterinaria y además contamos con una asociación de voluntarios que se encarga de alimentar y capturar a los animales». El gasto que conlleva llevó al Ayuntamiento a solicitar la ayuda para el control poblacional de las colonias felinas al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Ione Belarra, que finalmente le ha sido concedida.

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