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La Diputación de Salamanca ha aprobado la moción que ha llevado el grupo popular para instar al Gobierno de España a que no «encalome» a los ayuntamientos de la provincia competencias que no les corresponden con la implantación de las nuevas Oficinas de Justicia.
La nueva reforma legal, como ha explicado la portavoz popular, «introduce una profunda reforma del sistema judicial con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia, la proximidad y la sostenibilidad del servicio público de justicia». Pues bien, ha continuado denunciando Pilar Sánchez, estas nuevas medidas «van a suponer un duro golpe para los ayuntamientos sobre todo para los de menor tamaño, pues son los que menos recursos pueden disponer».
«Hace quince días los ayuntamientos recibieron otro regalo envenenado en forma de carta del Ministerio donde se les pedía implantar esas Oficinas de Justicia y, además, designar a una persona responsable», ha criticado Sánchez.
Otra de las consecuencias, ha denunciado el grupo popular, «es la desaparición gradual de los Juzgados de Paz, una institución útil, con larga tradición y especialmente apreciada por ser una figura cercana y conciliadora». Algo contradictorio para el PP «ya que las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz pueden actuar como infraestructura base para la implantación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, previstas por la ley, ofreciendo una ventaja logística y operativa que debería haberse aprovechado en el desarrollo de la ley».
En su réplica, el portavoz socialista ha mostrado su confianza en la nueva ley y ha pedido a la Diputación que suscriba ya el convenio con el Ministerio de Justicia, igual que ha hecho la Diputación de Cáceres. «Hay un cierto grado de precipitación en su moción», ha asegurado Fernando Rubio, que ha insistido en que el Gobierno de España «no va a sobrecargar más a los ayuntamientos», «esta moción es una patada más al Gobierno», ha concluido.
En un segundo turno, la portavoz popular ha seguido denunciando la reforma de la justicia. «Los ayuntamientos no puedes ser los paganinis del Estado, ni sus empleados».
Por último, el diputado de Vox, Celestino del Teso, ha mostrado su apoyo a la moción y ha pedido también la creación de una comisión de las comunidades con el Gobierno para coordinar esta implantación. «Si dejamos solo al Gobierno central nos podemos ver con Madrid decidiendo las necesidades de cada pueblo sin tener en cuenta sus particularidades».
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