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Lunes, 23 de octubre 2023, 06:45
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La presencia de amianto en los edificios públicos es algo que están revisando desde hace varios meses los Consistorios, puesto que la legislación indica que es obligatoria la gestión de su retirada en los edificios públicos antes de 2028. La Ley que lo avala es la 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Esta normativa, que es la que están pendientes de cumplir los Ayuntamientos, es el origen por el que se están llevando a cabo distintos estudios en los que detectar las estructuras en las que está presente el amianto, tanto en las construcciones públicas como en las privadas en los municipios.
El objetivo de la eliminación del amianto está anclado en una decisión de la Unión Europea para erradicarlo de todo el territorio antes de la fecha límite de 2032.
Tal y como relata el alcalde de la localidad armuñesa de La Vellés, Javier Marcos, «la normativa dice que es obligatorio, en el periodo de tiempo que llega hasta 2028, para los Ayuntamientos, tener retirado este material en los edificios de titularidad pública. En el nuestro, se ha realizado el censo y, en el único edificio municipal que había, ya se ha retirado y colocado tejado normal».
En el caso de La Vellés, tan solo había presencia de amianto en un tejado de un corral de propiedad municipal y este material se ha retirado sustituyéndolo por teja normal. «Es algo que ha pagado el Consistorio, matizó el alcalde.
En el municipio armuñés, que supera el medio millar de empadronados, el censo total de edificaciones alcanza las 608 en total, de las que 89 son parcelas o jardines, sin techar y, por tanto, no presentan este problema.
En la revisión realizada a lo largo de los últimos meses para poder detectar la presencia de amianto sobre las 519 edificaciones de la localidad que sí contaban con techado, se ha detectado que 81 de ellas contaban con algún porcentaje de este material y que 15 presentan un estado crítico. Ahora, cada propietario deberá hacerse cargo del cambio, algo para lo que la Unión Europea ha fijado un horizonte máximo para la erradicación del amianto de todo el territorio antes de 2032.
Cabe recordar que, en estos momentos, existe una subvención por parte de la Junta de Castilla y León que cubre hasta el 85% de la retirada de amianto y hasta el 50% de la nueva cubierta en centros de trabajo.
Otro municipio que también ha llevado a cabo la revisión y el censo de los edificios con amianto es Calvarrasa de Abajo, que también ha extendido esta media a su cercana pedanía de Amatos.
«En el Ayuntamiento, no hay edificios que contengan amianto, tal y como nos ha indicado el censo. Sí que hay bastante presencia de asbesto detectado por el censo que ha hecho una empresa especializada en edificaciones particulares, que no están sometidas a la misma urgencia en la retirada que los organismos públicos como es el caso el Ayuntamiento», relató el alcalde, Marcelino Mateos, asegurando, además, que «los niveles detectados en los edificios privados no son críticos».
En el caso de este municipio, los puntos en los que se ha determinado la presencia de amianto son en su mayoría tejados de naves y cobertizos privados, tanto en el núcleo de Calvarrasa de Abajo como en la pedanía de Amatos.
El amianto es un material que se considera peligroso y cancerígeno, con el que se elaboraron tanto tejados como tuberías de agua durante varias décadas a partir de 1960 y ya está prohibido y en desuso. Su vida útil ronda los 35 años.
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