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El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vitigudino ha admitido a trámite la querella interpuesta por los concejales del Partido Popular por un presunto delito de prevaricación administrativa y de desobediencia contra el alcalde, teniente alcalde y los concejales de PSOE, Cs y Vox, además de la secretaria-interventora del Consistorio, por lacontratación de los espectáculos taurinos de agosto 2024.
Los populares acusan tanto al alcalde (PSOE) como al teniente alcalde (Cs) de elaborar un procedimiento de contratación pública para la adjudicación de los espectáculos taurinos, que incluía un pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas «hecho a la medida» para que «únicamente» resultara seleccionada la empresa que finalmente se encargó de organizar los festejos.
Entre los requisitos que, según recoge la querella, no se ajustan a la ley de contratos del sector público, estaba haber organizado un número determinado de festejos con el fin de que la empresa en cuestión obtuviera más puntuación que cualquier otro licitador.
La querella recoge también que el proceso de contratación fue además impugnado por otra de las empresas licitadoras ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que declaró la nulidad del procedimiento, por lo que el Ayuntamiento debería haber elaborado uno nuevo eliminando las cláusulas que habían sido declaradas no ajustadas a derecho.
Con posterioridad, el Ayuntamiento de Vitigudino se dirigió al Tribunal para solicitar «por razones de interés público» que no se diera cumplimiento a la resolución y poder ejecutar el contrato. Una petición que fue denegada.
Los concejales del PP denuncian que, a pesar de la negativa, se convocó un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para decidir si se daba cumplimiento al contrato, algo que finalmente ocurrió con el voto del alcalde, el teniente alcalde, y los concejales de PSOE, Cs y Vox.
La querella también se dirige contra el empresario que finalmente se encargó de la realización de los festejos taurinos el pasado mes de agosto, también por un presunto delito de prevaricación en concepto de complicidad «al haberse beneficiado de la actuación punitiva de los querellados».
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