Adiós a los últimos 357 jueces de paz de Salamanca

El Ministerio de Justicia hará desaparecer a los jueces de paz porque asegura que su función, tal y como se planteó en el siglo XIX, ha quedado «muy reducida». Una idea que no comparten quienes siguen encargándose de esta función en los pueblos, que creen que su desaparición solo ayudará a colapsar aún más los juzgados con «problemas menores» que antes se resolvían sin necesidad de iniciar un procedimiento legal.

Según los últimos datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Salamanca hay 357 jueces de paz titulares y otros tantos suplentes repartidos entre los cinco partidos judiciales en los que se divide la provincia: Salamanca, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Peñaranda y Béjar.

Sus funciones varían dependiendo del municipio, aunque en general se encargan de labores relacionadas con el Registro Civil por lo que pueden expedir certificados de nacimiento, matrimonio, defunción... además de realizar actos de conciliación y mediación entre los vecinos. También ejercen una labor importante durante los procesos electorales, donde son los encargados de remitir toda la documentación a la Junta Electoral correspondiente.

Desde su creación, el juez de paz ha tenido siempre la función de extender la administración de Justicia, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, el Ministerio asegura en su nueva ley que, con los años, esta figura ha ido perdiendo progresivamente la mayor parte de sus responsabilidades «debido a la evolución del contexto social y de la Justicia».

Ahora, con el objetivo de ofrecer una Justicia «más próxima y solidaria», el Ministerio de Félix Bolaños prevé sustituir los actuales Juzgados de Paz por Oficinas de Justicia en las que «no solo se mantendrán los actuales servicios, sino que se ampliarán», como recoge el proyecto de la nueva ley.

Además de provocar el «inmediato cese» de los jueces de paz, la implantación de estas novedosas Oficinas de Justicia acabarán también con los Juzgados de Paz, cuya plantilla absorberá.

En este sentido, el texto legal elaborado por el Ministerio recoge que «la justicia de paz, que ha tenido un papel fundamental como punto de contacto de la Administración de Justicia en el ámbito local durante casi dos siglos, da paso a nueva estructura que da respuesta a la misma necesidad, pero de manera más ajustada a las actuales demandas sociales».

El Ministerio justifica la sustitución de los Juzgados de Paz por estas nuevas Oficinas en los «avances» que en los últimos años se ha llevado a cabo en la digitalización de la Justicia, y enumera como ejemplos el expediente judicial electrónico, la digitalización de las oficinas judiciales, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información, además de «la experiencia acumulada tras el desarrollo de la prestación del servicio de forma telemática, que permitirán el acceso de los ciudadanos a los expedientes judiciales o su participación en actuaciones procesales».

Todo ello con el objetivo final de evitar que los ciudadanos que viven en los municipios del medio rural «tengan que desplazarse a las capitales para realizar aquellas gestiones ante la Administración» que actualmente tienen que llevar a cabo de manera presencial y especialmente en un momento «donde el riesgo de despoblación de algunas zonas es elevado y se requiere aumentar los servicios de la Administración», recoge el proyecto de la nueva ley.