Pobre Castilla y León

Lo ha denunciado en LA GACETA este mismo viernes la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública: “El País Vasco ha apostado por unos servicios que Castilla y León no ha querido [o no ha podido pagar, añado yo]. Desde la Comunidad vecina han venido a nuestras escuelas de Enfermería para ofrecer precontratos, que posiblemente sean ilegales, pero ha colado y se han llevado a numerosos profesionales que terminaban sus estudios”.

Un drama. Aquí nacen los futuros sanitarios, aquí les criamos con esfuerzo, aquí les damos una formación sanitaria de primer nivel a un alto coste, y cuando llega la hora de rendir, se los llevan los del norte que pagan sueldos mucho más altos y ofrecen contratos más largos y en mejores condiciones.

Castilla y León es una Comunidad tan grande en extensión como limitada en peculio. Los presupuestos de la Junta son modestos, y aunque se gasta en pagar a docentes y sanitarios la mayoría de los 12.800 millones de que dispone, no le llega para competir. El funcionario que se queda aquí es porque ama esta tierra o le da pereza emigrar. Los mejores, los más preparados, aquellos por cuyos servicios se pelean los gobiernos, salen pitando con destino a tierras más venturosas.

Cuando hay excedente de mano de obra, solo perdemos a las ‘estrellas’, pero cuando hay escasez de personal, como es ahora el caso de los sanitarios, aquí no se quedan ni el número mínimo para cubrir las bajas. Ocurre con las enfermeras y pasa también con las plazas de médicos en los pueblos de la provincia, imposibles de cubrir.

En general, en el flamante nuevo Hospital de Salamanca la precariedad laboral afecta a la mitad de la plantilla: 2.300 de los 4.600 sanitarios son eventuales e interinos o están haciendo una sustitución. Un porcentaje tan alto de personal sin plaza fija no se da en ninguna de las medianas empresas de la provincia.

¿Es realmente cicatero con el personal sanitario el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco? Puede ser. Espléndido no es, eso seguro. En todo caso, puede que la cartera no le dé para pagar más. Aquí la atención sanitaria resulta más cara que en ningún otro sitio de España, por la dispersión y por el envejecimiento de la población, y para colmo Castilla y León tiene menos fondos estatales que otras autonomías. Viene siendo una tradición que cada reforma del sistema de financiación autonómica diseñada para corregir esa injusticia acabe por perjudicar siempre a los mismos, que somos los de la Meseta.

También es tradición que nuestros vecinos de arriba nos roben la cartera. Lo hicieron durante muchos años con la rebaja del impuesto de actos jurídicos documentados que grava la constitución de empresas, y muchas sociedades emigraban al País Vasco para ahorrarse unos miles de euros. Ahora se llevan al personal sanitario, porque para eso tienen dinero de sobra.

El cupo vasco, ese anacronismo que va contra la esencia misma de la igualdad entre españoles aunque esté recogido en la Constitución, supone que Euskadi se queda cada año con entre tres y cuatro mil millones de euros que debería entregar al Estado central. Ha sido siempre un escándalo, desde su puesta en marcha, pero cada legislatura en que el PNV ha prestado sus votos al Gobierno de Madrid, ha ido a peor (peor para nosotros, mejor para ellos). Y ahora estamos en la peor de las situaciones.

Así de duro es ser pobre. ¿De qué nos sirve tener la mejor educación, si nuestros jóvenes se ven obligados a buscar otros horizontes para tener un buen sueldo y buenas condiciones laborales?