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El PP y Vox llegaron ayer ‘in extremis’ a un acuerdo para gobernar juntos Castilla y León los próximos cuatro años. El entendimiento entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo es la consecuencia lógica de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas. La matemática parlamentaria obligaba a populares y verdes a pactar un Ejecutivo de coalición, una vez que los discípulos de Santiago Abascal negaban cualquier posibilidad de apoyo ‘externo’ a una Junta monocolor y el PSOE de Luis Tudanca ni siquiera contemplaba la posibilidad de impedir con su abstención la entrada de Vox en el Colegio de la Asunción.
Mañueco y Gallardo presentaron ayer su acuerdo como una cesión por ambas partes para darle estabilidad a la Junta de Castilla y León. Lo cierto es que ha sido el PP el partido que más ha cedido en las negociaciones, hasta asumir casi al cien por cien las exigencias de Vox.
El acuerdo garantiza la estabilidad a partir de ahora con el apoyo de 44 de los 81 procuradores de las Cortes, lo cual supone un avance respecto a la exigua mayoría de 42 que sumaban los populares con Ciudadanos en la legislatura anterior. Un apoyo sólido que viene a suplir a la anterior mayoría precaria, sometida al riesgo cierto de la aparición de tránsfugas naranjas, como ya ocurrió con la moción de censura celebrada ahora hace un año.
El nuevo Ejecutivo, el primero de coalición de PP y Vox en una autonomía en España, será puesto a prueba en los próximos cuatro años y su viabilidad dependerá de la capacidad de García-Gallardo para atemperar la parte más agresiva del programa de Vox y de la habilidad de Fernández Mañueco para embridar el ímpetu revisionista de ciertas propuestas de los verdes. La gestión de los asuntos relacionados con la violencia de género, la igualdad de la mujer, la memoria histórica, el trato a los inmigrantes o las ayudas a ONGs y otros colectivos ofrecerá una idea cabal de hasta qué punto Vox ha venido a destruir o a arrimar el hombro para hacer avanzar a Castilla y León. Serán también estas políticas las que la oposición socialista y los medios de comunicación afines al Gobierno sanchista someterán a escrutinio buscando cualquier signo de ‘fascismo’ o de ataque a los derechos de las personas. Por encima de esa presión, el nuevo Ejecutivo de la Comunidad debería olvidarse de las críticas de la izquierda para centrarse en gestionar la Región siguiendo el programa de once puntos pactado entre ambas formaciones y que, reconociendo que solo incluye líneas muy generales de actuación, responde a los verdaderos intereses de los castellanos y leones. Nada en ese ideario desentona con una política liberal de centro derecha, en la que se incluye de forma destacada la intención de reducir impuestos y recortar el gasto público.
Desde luego, ni del contenido de los acuerdos firmados ayer ni de las primeras declaraciones tanto del futuro vicepresidente de la Junta como del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se desprende amenaza alguna para los ciudadanos de la Comunidad. No estamos, por tanto, ante “el día de la infamia”, como apuntaba el repetidor como líder de la oposición, Luis Tudanca, ni se trata de un “pacto de la vergüenza” como señalaron otros portavoces del PSOE. Mientras los dirigentes de Vox no promuevan un golpe de Estado, no ataquen a las instituciones democráticas y al régimen del 1978, mientras no atenten contra la Constitución, no ensalcen a los asesinos, ni arremetan contra la independencia del poder judicial, no se podrá asegurar que este pacto es equiparable al que mantiene Pedro Sánchez con Podemos, Bildu y ERC.
Es seguro que el PSOE intentará sacar rédito de la presencia de Vox en la Junta y este pacto se utilizará para movilizar a la izquierda en las próximas elecciones generales, pero también es verdad que del correcto funcionamiento del Gobierno regional y de la aplicación de políticas eficaces y austeras puede derivarse un beneficio para el PP nacional, que, salvo cambios radicales en el panorama político, necesitará a los de Santiago Abascal para gobernar España. La Junta será, en ese sentido, un tubo de ensayo de futuros pactos en España.
En cuanto a Castilla y León, el respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía que han sido admitidos como marco del acuerdo PP-Vox, ofrecen un margen de tranquilidad que se ve reforzado por la figura de Mañueco, nada dado a decisiones extremas que puedan provocar rechazo social.
El pacto sellado ayer será juzgado por los hechos, por la gestión y no por las palabras, y habrá que esperar por tanto a los resultados para dilucidar hasta qué punto los castellanos y leoneses han salido ganando o perdiendo con el nuevo gobierno de coalición.
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