Improvisación y discurso derrotista

El Ejecutivo regional ha venido dando bandazos en las últimas semanas y ha pasado en solo unos días de confinar perimetralmente Salamanca ciudad a aplicar el toque de queda a las diez de la noche y el aislamiento de la Comunidad (retirando el cierre de la capital) a ordenar el cierre de la hostelería y las grandes superficies a partir de mañana. Todas estas decisiones se han tomado en tan corto lapso de tiempo que ha sido imposible comprobar si estaban dando algún resultado y sin embargo se han sustituido por otras provocando en los ciudadanos una grave y generalizada sensación de inestabilidad, inseguridad y desorientación.

Lo peor de todo este aluvión de medidas es que no parecen responder a un análisis de su eficacia, ni tampoco al estudio de las restricciones más adecuadas para frenar los brotes, entre otros motivos porque seguimos sin conocer las estadísticas sobre dónde y cuántos contagios se están produciendo en los distintos ámbitos de la vida social.

El Gobierno regional presentó ayer un documento firmado junto a los componentes del Comité de Expertos, en el que se resalta el carácter alarmante de la situación sanitaria en la Comunidad y acto seguido se planteaban una serie de propuestas, algunas muy atinadas, pero sin conectar los problemas con las soluciones. No había en ese texto ni datos, ni porcentajes, ni una estimación razonable del efecto de cada una de las medidas planteadas.

Sobre esa base se decidió ayer cerrar por dos semanas todos los bares, cafeterías, restaurantes, gimnasios y grandes superficies, sin que la Consejería de Sanidad haya justificado con datos epidemiológicos fehacientes la necesidad de causar tal destrozo a la hostelería y el comercio, muchos de cuyos negocios pueden recibir ahora la puntilla tras haber sobrevivido a duras penas a noventa días de cuarentena y un verano decepcionante. Los ciudadanos desconocemos si se está registrando un alto nivel de contagios en las terrazas de los bares o si los hubo en su momento en las barras; no sabemos tampoco qué porcentaje de los brotes se han producido en las grandes superficies comerciales cuyo cierre se decreta ahora. Y podemos temernos, ante la falta de información, que la Consejería de Sanidad y su Comité de Expertos tampoco dispone de esas estadísticas fundamentales a la hora de combatir el virus. Ante ese oscurantismo, los ciudadanos pueden pensar que la Junta no cierra bares y grandes superficies porque sean entornos de peligro, sino porque su objetivo es promover el confinamiento clausurando todos los lugares de ocio.

Los datos del incremento de contagios tanto en Salamanca como en el resto de Castilla y León exigen, sin lugar a dudas, la adaptación de iniciativas urgentes para frenar el número de enfermos que amenaza con colapsar en muy poco tiempo las UCIs y el conjunto de la sanidad de Castilla y León. Esa urgencia no implica que las restricciones puedan aplicarse y levantarse en cuestión de dos o tres días sin que la evolución de la pandemia haya registrado cambios sustanciales.

Con estos saltos la Junta da la impresión de haber perdido el rumbo y de carecer de una estrategia definida para frenar la epidemia. Esa sensación se agrava cuando la consejera de Sanidad lanza un discurso derrotista, donde da por perdida la batalla durante las próximas semanas y anuncia nuevas prohibiciones en la convicción de que no conseguirán mejorar la situación. Esa actitud, unida a la trayectoria de fracasos que han llevado a Castilla y León a ser una de las regiones con peores datos en uno de los países del mundo que peor han combatido el virus, debería provocar una reflexión en el presidente del Gobierno regional sobre la idoneidad de seguir manteniendo al frente del equipo a alguien incapaz de plantear siquiera una senda para controlar la expansión del coronavirus.

En lugar de echar la culpa a los ciudadanos y resignarse ante la proximidad del desastre, la Consejería de Sanidad debe aplicarse a cumplir las recomendaciones de ‘sus’ expertos: reforzar y reorganizar los recursos asistenciales y profesionales sanitarios... aumentar el uso de test de antígenos de segunda generación... reforzar el rastreo con recursos propios y con militares... y coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para vigilar el cumplimiento de cuarentenas y aislamientos. A todo ello habría que añadir la elaboración de un estudio pormenorizado de los rebrotes para atajarlos allí donde se producen y el encargo urgente de una auditoría que explique por qué Castilla y León está en el pozo de las zonas más castigadas del planeta por el COVID-19.

Al mismo tiempo, la Junta debe escuchar la voz del sector hostelero de Salamanca y de Castilla y León, que necesita ayudas directas inmediatas, contantes y sonantes, no créditos subvencionados ni rebajas de impuestos. El Gobierno regional que decreta el cierre de los establecimientos está obligado a compensar a los propietarios a quienes impide mantener un mínimo de actividad. De lo contrario, estará abocando a la desaparición a una parte muy importante de uno de los sectores estratégicos de la economía provincial y regional.

En todo caso, y en contra de lo anunciado por el presidente Fernández Mañueco, Castilla y León no debería precipitarse a solicitar el confinamiento de la población. No sin antes comprobar si los cierres decretados ayer, junto al toque de queda y las restricciones de aforos vigentes desde hace semanas, tienen un efecto positivo en el combate contra el virus.