Hipocresía subrogada

Estamos ante uno de esos asuntos que son extremadamente difíciles de valorar y también de legislar. Basta ponerse en la piel de todas las partes para encontrar lugares de empatía. No conozco personalmente a Ana Obregón, pero sí a algunas personas que han trabajado con ella y todos hablan maravillas. Y más allá de eso, me cuesta emitir juicios morales sobre los pasos que pueda o deba dar una madre que ha perdido a un hijo. También comprendo a quienes ponen el foco en la posible explotación de la necesidad de las mujeres, que alquilan sus vientres. La excesiva permisividad con este tipo de asuntos, puede derivar en una forma de esclavitud similar a la que retrata, de forma extraordinaria Margaret Atwood, en su novela distópica, “El cuento de la criada”.

Dicho esto, el de Ana Obregón es un caso más, de esos cientos en los que nuestra legislación, y la de otros muchos países, miran hacia otro lado. Los vientres de alquiler están prohibidos en España y sin embargo, todos los años el Estado legaliza a cientos de niños, que nacen por esta vía en alguno de los doce países del mundo en los que sí está permitida. Por un lado, nuestra Ley de derechos reproductivos dice que es “una forma de violencia contra las mujeres” y por otro, nadie pone pegas a que los hijos de Miguel Bosé o a que las mellizas de la baronesa Thyssen sean inscritos en el registro civil, como ciudadanos e hijos de españoles de pleno derecho.

Nuestros consulados de EEUU, Canadá, Australia, Georgia o Ucrania, han visto pasar en los últimos años decenas de carritos de bebé y han puesto el sello a cientos, o quizá miles, de documentos sabiendo que estaban dando validez, a la desesperación de unos padres que habían recurrido al alquiler de un vientre en el extranjero. Y esas mismas legaciones diplomáticas han recibido instrucciones desde Exteriores, sobre este espinoso asunto.

Por eso me llama poderosamente la atención la hipocresía política de quienes se niegan a abordar este tema. Puede que la gestación subrogada no esté legislada en España, pero desde luego está permitida de facto, si se hace fuera de nuestro país. Las pruebas tienen nombres y apellidos. No hay más que ir al Registro Civil para comprobarlo.