Antes de 1945, no existía un marco legal internacional claro para juzgar el genocidio o los crímenes contra la humanidad. Los líderes nazis responsables del Holocausto no podían ser juzgados bajo leyes nacionales, porque sus actos habían sido «legales» dentro del régimen y porque no había tribunal competente. Los juristas de entonces encontraron la solución creando el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, bajo principios jurídicos nuevos e irrefutables como la responsabilidad penal individual y la inadmisibilidad de la obediencia debida. Aquellos juicios no sólo llenaron un vacío legal global, sino que además dieron origen al derecho penal internacional moderno.
Cuando Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 por crímenes de lesa humanidad, surgió también un vacío legal: ¿podía un exjefe de Estado ser juzgado en otro país por actos cometidos en su propio territorio? La inmunidad diplomática y la falta de legislación internacional clara sobre jurisdicción universal complicaron el proceso y Pinochet fue liberado, por razones de salud, sin ser juzgado. El chileno se fue de rositas.
Si nos quedamos más cerca, podemos recordar la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 4/1990. El cabo de la Guardia Civil Manuel R. R. había sido procesado por sedición e insulto a superior en la jurisdicción militar y quería recurrir ante el Supremo, pero el Capitán General de la Región Militar Sur lo había evitado, según la legislación vigente. El Constitucional, con Tomás y Valiente a la cabeza, reconoció el vacío legal y que cerrar la vía de recurso impedía el control judicial de resoluciones militares, afectando a derechos fundamentales, de manera que habilitó una vía para que las decisiones militares puedan ser impugnadas ante el Supremo.
A lo que voy es que un vacío legal no es obstáculo para la Justicia, sino acicate de mejora. Lo que en mi limitado acervo judicial no había conocido hasta ahora es que a un acusado se le permita seguir cometiendo desde su posición los delitos por los que se le está juzgando, alegando como principio jurídico un vacío legal. Mucho menos si se trata del Fiscal General. Si esta complicación de la trama nos la proponen en The Good Wife, pensaríamos que los guionistas se han fumado algo. Salvando las distancias con los casos anteriores, el sistema judicial debería poder garantizar que no sea el acusado el que siga dirigiendo al departamento fiscal durante su propio juicio. No hace falta haber aprobado Judicatura: de cajón de madera de pino. Llegados a este peripatético punto, debería dimitir el acusado, por propia dignidad, y confiar en la Justicia de la que es máximo exponente. Todavía está a tiempo.
En casos de pornografía infantil o fraudes digitales, muchos criminales siguen escapando por vacíos legales, como hackers que operan desde otros países. Aquí estamos inaugurando un nuevo tipo de impunidad, gestada directamente en los tribunales de casa y por la que, sin duda, pasaremos a la historia.
