Triaje

Sobre este punto no se han pronunciado todavía los tribunales, al menos en España. En Alemania, en cambio, el Tribunal Constitucional volvió a dictar ayer sentencia sobre el triaje, dejando claro que el Estado no tiene potestad para decidir en perjuicio de determinados ciudadanos y en favor de otros, sino que esa decisión corresponde a los médicos y que debe ser tomada «solo sobre la base de la probabilidad de supervivencia actual y a corto plazo», rechazando expresamente el criterio de la esperanza de vida o el grado de fragilidad en general del individuo. Ya en 2021, todavía con la pandemia coleando, este mismo tribunal dictaminó que el Estado tiene el deber de proteger a las personas de la discriminación en la atención médica, incluso en situaciones de infecciones masivas, a causa de su vejez o de su discapacidad.

Para estos últimos, los discapacitados, ni siquiera hay datos oficiales en España sobre cómo fueron tratados. Un estudio del Ministerio de Derechos Sociales de 2021, el informe titulado «Impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad» señala que la crisis sanitaria agravó las desigualdades estructurales y que muchas personas con discapacidad no accedieron en igualdad de condiciones a servicios sanitarios esenciales. También hay bibliografía en la Universidad de Salamanca en el mismo sentido: sufrieron discriminación. Y ya es hora de que hagamos examen de conciencia oficial y cumplamos con la pertinente penitencia de reconocerlo públicamente y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. No tanto por ellos, sino por todos, porque esa práctica de triaje dice mucho de nuestra sociedad y no dice nada bueno. Es un espejo en el que espanta mirarse. Porque a pesar del miedo, la urgencia o la escasez, proteger a los más vulnerables en las decisiones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte no es una mera cuestión administrativa, ni siquiera médica. Es un imperativo moral.