Arbitrariedad constitucional

Los sistemas judiciales anglosajones se diferencian del nuestro, fundamentalmente, en las fuentes de jurisprudencia. Mientras en la Common Law cualquier decisión de un juez de pueblo cuenta, como en las películas americanas, en la Civil Law que se aplica en España sólo las sentencias del Supremo y del Constitucional cobran prácticamente fuerza de ley. Por eso me ha dejado temblando el borrador del Constitucional que defiende la amnistía basándose en los argumentos de «convivencia, generosidad y sensibilidad», que quedarían así consagradas como fundamentos jurídicos. Si a usted le roban el coche cualquier día de estos, por ejemplo, y la policía pilla al caco, su espabilado jurisconsulto podría exigir que fuese condonada su pena por una cuestión de «generosidad». Cualquier sentencia de alejamiento podría ser revocada en aras de la «convivencia» y no soy capaz de imaginar, reconozco que no doy para tanto, las consecuencias de glorificar la «sensibilidad» como fuente de Derecho. Tampoco alcanzo a comprender cómo pueden pasar cosas así y que España no se eche a la calle, en defensa de lo que es suyo. Intuyo que tiene que ver con el agotamiento de la sociedad civil y con el desbordamiento de la vergüenza ajena. Son tantas las imágenes de degeneración institucional, podredumbre y vulgaridad, que la compra de tiempo en el Gobierno a cambio de tajadas de Estado de Derecho ya ni llama la atención. La arbitrariedad constitucional por parte de líderes depravados, la necrosis pública, no son nuevos. Ya Quevedo criticó la tiranía sobre una población muda y empobrecida, arremetiendo con su lúcido verbo contra ministros, magistrados y banqueros, en un texto que sigue palpitando con fuerza y que podremos ver este mes, con ocasión del Festival del Siglo de Oro. «La escuela de los vicios» retrata a quienes medran sin escrúpulos entre necios que se titulan con cinismo como «bachiller en mentir», «licenciado en engañar» y «doctor en robar». No se de qué nos sirve en Castilla y León contar con una EBAU tan exigente, si en España las titulaciones provechosas son estas.

Afirma el borrador firmado por Inmaculada Montalbán, por cierto, que no es «irrazonable» que «el legislador considere eximir de responsabilidad a quienes realizaron actos ilícitos». En la vigésima segunda edición del DRAE que tengo a mano no figura «irrazonable», pero la Real Academia tendrá que terminar aceptándolo si figura en la sentencia, así que usémoslo sin prevención. No parece a estas alturas «irrazonable» que, vapuleado, prostituido y maltrecho como se ve el Poder Judicial en ese borrador, perdamos la poca confianza que nos quedaba en el sistema. Lo siguiente es que cada uno se tome la justicia por su mano, un caos indeseado pero merecido. Porque tenemos lo que votamos y, por tanto, lo que merecemos.