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El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, una normativa pionera que transforma la oferta alimentaria en centros educativos al prohibir la distribución de bebidas azucaradas, bollería industrial y bebidas energéticas tanto en los comedores escolares como en máquinas expendedoras y cafeterías de colegios. No puedo estar más de acuerdo con la medida, pero sería de agradecer que este empeño que manifiesta el Ejecutivo para velar por la salud de los menores fuera de casa lo hiciera también para que sus familias les pudieran alimentar correctamente y con productos de higiene.
En mi época estudiantil, cuando salíamos al recreo íbamos en tropel al kiosco en busca de un triángulo, una caña o una palmera. No se podía hacer todos los días, pero no por el tema de la obesidad sino porque la economía no daba para más. Son otros tiempos y esta medida parece acertada y viene a contrarrestar que en las casas cada día comemos peor, y es en gran medida culpa de quien manda.
Ir a supermercado es a día de hoy un auténtico ejercicio de economía financiera. Los precios de los productos frescos no paran de subir y lo más económico es la comida basura. Llenar el estómago con comida rápida es más barato y saciante que hacerlo con fruta y verdura y ahí está una de las claves del sobrepeso y de los malos hábitos desde pequeños. El Gobierno exige que de lunes a viernes en los comedores escolares al menos un día debe comerse pescado, y seguramente muchos de los niños no volverán a comerlo hasta que en el colegio se lo vuelvan a poner en el plato. El pescado es un auténtico artículo de lujo, y lo mismo ocurre con la fruta. Si los gobiernos quisieran de verdad atajar este problema irían a la raíz, que es que la inflación se dispara año tras año, que los salarios siguen sin subir y que el pago de la hipoteca o el alquiler absorbe el 60 por ciento de los ingresos mensuales de muchas familias. Con este panorama es imposible comer bien.
La normativa, como casi todo lo que toca este Gobierno, tiene letra pequeña y hay que leerla con detenimiento. Resulta que el Gobierno obliga a que en los comedores de los colegios haya un menú vegano o un menú por motivos de religión. Es decir, que las familias tienen que avisar de que a su hijo no le den un muslo de pollo o una chuleta de cerdo. Esto que el Gobierno entiende como el respeto a la diversidad se convierte, con menores de por medio, en motivo para la discriminación y para envidias y recelos.
Para alguien como yo, que ha comido, desayunado y cenado en comedores de varios internados, ver cómo ahora se exige que la comida sea de calidad, variada, sin lujos y sana es una noticia más importante de lo que pueda parecerle a muchos que no han padecido los filetes de tiburón, las hamburguesas de plástico o guisantes más duros que piedras, sin embargo es incomprensible que entre menores haya distintos tipos de menús más allá de las alergias que puedan tener determinados alumnos.
Tras blindar por ley la alimentación de los escolares en los comedores, es momento de que el Gobierno se ponga manos a la obra para que el desayuno y la cena de esos niños también esté garantizado, que en muchos casos no lo están por las penurias económicas que atraviesan sus familias. Las mejoras en el acceso a la vivienda, las rebajas de las cargas impositivas a las empresas y a los trabajadores se antojan fundamentales para que lo que el bienestar que logran en el colegio no lo pierdan en casa.
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