A Puente ya no le creen

En política, cambiar de opinión no siempre es un signo de sensatez. A veces, es simplemente una muestra de improvisación, de falta de respeto por la gente a la que uno representa o, peor aún, una expresión descarnada del desprecio hacia quienes no tienen fuerza para alzar la voz. El caso del ministro Óscar Puente y su disparatada gestión de las líneas de autobús en el medio rural es un ejemplo de todo eso. Algunos no aciertan ni cuando cambian de opinión y en el caso del ministro pucelano, está por ver si mantendrá su palabra de mantener las paradas de autobús en 33 pueblos de Salamanca amenazados de abandono. De momento, los dirigentes del Partido Popular no le creen, por sus antecedentes y su incapacidad para gestionar los autobuses, los trenes y hasta las bicicletas.

Hace apenas unos meses, el Ministerio de Transportes anunció con la rotundidad del que se cree dueño del mapa y el calendario, la eliminación de cientos de paradas de autobús en toda España. De ellas, más de treinta en la provincia de Salamanca. Pueblos pequeños, con nombres humildes y vecinos aún más humildes, vieron cómo, sin previo aviso y sin posibilidad de defensa, se les arrebataba el único medio de transporte público que les conectaba con el mundo. Como si no existieran. Como si molestasen. Como si vivir en un pueblo fuera, de pronto, una elección egoísta.

En esta tierra nuestra de encinas y silencios, donde el tiempo pasa más lento pero las necesidades son tan urgentes como en pleno centro de Madrid o Valladolid, el autobús no es un lujo. Es una línea de vida, la única forma de que un anciano pueda ir al médico, la garantía de que chaval llegue a clase cada lunes. Es el cordón umbilical que une la periferia abandonada con la ciudad y el progreso.

Pero Óscar Puente, con su habitual altanería y esa verborrea que confunde contundencia con prepotencia, decidió que todo eso era secundario. En nombre de la «racionalización» y del ahorro de tiempo, pretendía borrar del mapa decenas de paradas, condenando al aislamiento a miles de salmantinos. Cuando la indignación creció y el PP logró frenar el recorte en el Congreso, el ministro comenzó a recular y ahora dice digo donde dijo Diego. Hoy, con gesto magnánimo, anuncia que rectifica, que se mantiene las rutas. Como si nos hiciera un favor.

El ministro Puente es un reincidente del odio al mundo rural. Ya siendo alcalde de Valladolid apuntaba maneras cuando pedía a la Junta que concentrase las inversiones en Pucela y se olvidase del desarrollo de otras provincias, porque a su juicio no merecía la pena apostar por la Castilla y León menos poblada. Ahora que tiene el mil millonario presupuesto del Ministerio, su obsesión se ha vuelto más dañina.

Los pueblos de Salamanca, de Castilla y León, de toda esa España interior que Puente y Sánchez solo pisan en campaña, cuando los pisan, no quieren limosnas. Quieren respeto. Quieren que sus vecinos no tengan que mendigar por servicios básicos. Quieren que sus hijos no tengan que emigrar por falta de oportunidades y que sus mayores puedan seguir envejeciendo con dignidad en sus casas.

Parece que el bocachancla Puente ha rectificado, sí. Pero el daño está hecho. Porque ya hemos tomado nota del mensaje: para este Gobierno, los pueblos siguen siendo un estorbo, una carga, una molestia en la hoja de cálculo. Los votos de Salamanca no deciden gobiernos. Y lo peor no es que el ministro no lo entienda. Lo peor es que probablemente no le importe. Y eso, por mucho que ahora conserve las paradas, no se arregla con un titular.