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Padecemos un Gobierno insaciable en su voracidad fiscal. El equipo de Pedro Sánchez actúa como los hermanos Marx en esa escena de la locomotora en la que pedían «¡más madera!» y acababan desmantelando el tren para quemar todo lo quemable en aras de coger velocidad y escapar del enemigo.
Las últimas tablas de madera para quemarlas en el altar de las finanzas sanchistas las va a recoger la ministra de Hacienda de los bolsillos de todos los españoles que sean propietarios de una casa vacía, o de una vivienda que no sea la habitual. El 'palo' a los sufridos contribuyentes va a ser profundo y generalizado. No estamos hablando de cuatro ricos ni de los fondos de inversión que poseen miles de viviendas, sino de la clase media: en Salamanca hay cuarenta mil viviendas vacías y más de veinticinco mil salmantinos disponen de una segunda casa, en la ciudad o en el pueblo. A todos ellos pretende exprimir el Gobierno sanchista, con la excusa de que, obligándoles a pagar casi el triple a Hacienda, igual les entran ganas de alquilar el piso vacío o la casa del pueblo.
Y como todo les parece poco, en el mismo paquete del subidón fiscal a los propietarios de viviendas se une otro apretón a los pisos turísticos, que pagarán más del doble de IVA, al pasar del 10 % al 21 %. Y aquí no hay excusas sino mero afán recaudatorio.
Si de verdad el Gobierno quisiera incentivar el alquiler, lo primero que tendría que hacer es defender a los arrendatarios frente a los okupas. Muchos propietarios prefieren tener el piso vacío antes de alquilarlo porque saben que en caso de okupación, el sistema legal defenderá al inquilino ilegal y que le costará mucho tiempo y mucho dinero poder echarlo.
Si Sánchez e Isabel Rodríguez, su ministra de Vivienda en la sombra (porque nadie la conoce, como a tantos otros compañeros de gabinete), quieren mejorar el mercado del alquiler, lo segundo que tendrían que hacer es garantizar una normativa estable y atractiva para los propietarios, en lugar de regular los precios en las zonas tensionadas que es lo que están haciendo, con el resultado de todos conocidos: menos pisos para alquilar y más caros. Eso, además de construir alguna de esas 185.000 viviendas de promoción pública que anunció a su llegada al poder en 2018 y de las que por aquí no hemos visto ni una.
También deberían aplicar desgravaciones fiscales progresivas para quienes alquilen sus viviendas a precios asequibles, pero eso supondría recaudar menos, y por ahí el equipo sanchista no pasa. Esa máximo de hierro de «el dinero está mejor en los bolsillos del Gobierno que en los tuyos» se aplica a rajatabla. La regulación restrictiva y el discurso ideológico contra los propietarios, a quienes consideran poco menos que delincuentes, generan inseguridad y paralizan la inversión, pero les importa una higa.
Vamos ya por el centenar de subidas o creación de nuevos impuestos en estos siete años de sanchismo. Esa voracidad fiscal, unida a la negativa a adecuar el IRPF a la subida del coste de la vida, permite a Sánchez disponer cada año de sesenta mil millones de euros más de recaudación respecto a 2018. Y usted se preguntará, como yo, ¿a dónde va a parar esa morterada de dinero? ¿por qué no tenemos mejores servicios de todo tipo? ¿por qué nuestras autovías siguen llenas de peligrosos baches? ¿cómo es que no hay dinero para terminar la electrificación de la línea a Portugal o para reponer los trenes que nos quitaron cuando la pandemia? ¿Y por qué seguimos pasando frío pese a que Montero y Sánchez siguen empeñados en echar más y más madera al fuego?
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