Los jueces no se rinden

El Gobierno quiere maniatar a los jueces y fiscales para que no le toquen las cloacas a Pedro Sánchez, pero los jueces y fiscales no están por la labor de someterse a los dictados del sanchismo y prefieren continuar aplicando la ley de manera independiente. Un buen número de representantes del poder judicial en Salamanca se concentraron ayer durante a las puertas de los Juzgados y se respiraba un ambiente de seria preocupación, casi de indignación.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los magistrados son las dos leyes de acceso a la carrera judicial y fiscal, que el sanchismo pretende diseñar a su medida para controlar a ambos colectivos, sobre todo a los jueces que están investigando las andanzas de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, de quien fue durante muchos años mano derecha de Sánchez, del fiscal general de Sánchez y de las Leires y demás fontaneros/as del sanchismo.

Tal y como explicó el presidente de la Audiencia, José Antonio Vega, en el manifiesto leído ante el edifico de los Juzgados, están dispuestos a llegar a la huelga si el PSOE y sus compañeros separatistas, golpistas y proetarras del Frankenstein aprueban las dos polémicas leyes.

El sanchismo pretende tramitar la reforma del acceso a la carrera por vía urgente, porque tiene mucha prisa por amarrar la Justicia y de paso para evitar controles y contrapesos. Quiere reemplazar las pruebas objetivas para los futuros jueces y fiscales por otras subjetivas, que les permitan colar a los de su cuerda. Y no solo eso, la nueva legislación establecerá una «escuela de opositores» controlada por… adivinen: por el Gobierno. De paso las leyes del ministro Bolaños cuelan una estabilización de 1.300 jueces y fiscales interinos, que lo serán de pleno derecho sin pasar por la correspondiente oposición y le deberán por tanto el puesto a… adivinen: a Sánchez.

Dado que el fiscal general está a punto de ser juzgado por revelación de secretos, las nuevas leyes pretenden reforzar su dependencia del Gobierno, que lo nombrará sin filtros, y más adelante se le conferirá la facultad de instruir los delitos que ahora tienen los jueces. Y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que tantos quebraderos de cabeza le está dando a Sánchez, familia, amigos y subordinados, pasará a estar a las órdenes de la Fiscalía. ¿Se imaginan a Álvaro García Ortiz ordenando que investiguen sus propios delitos? ¿No caería en la tentación de cercenar cualquier investigación sobre su persona y sobre su jefe supremo Sánchez?

La reacción de los jueces, liderados por la presidenta del Consejo del Poder Judicial, se debe también a las acusaciones que el Gobierno viene lanzando sobre ellos desde el inicio de los casos Koldo, Ábalos, Begoña y Hermanísimo, entre otros. Isabel Perelló denunció ayer las «presiones intolerables» del Ejecutivo sanchista sobre los magistrados que investigan la corrupción. Las acusaciones de prevaricación a los jueces eran hasta hace poco exclusiva de los etarras y de los golpistas catalanes, pero ahora el Gobierno las ha abrazado como su tabla de salvación para no reconocer el círculo de presuntos casos de organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y revelación de secretos que rodea a La Moncloa.

Pero no son solo los jueces y fiscales: todos los españoles nos jugamos mucho en este envite, porque si Sánchez consigue controlar al poder judicial como pretende, nada podrá frenar el advenimiento en España de un régimen autocrático al estilo de Venezuela. Si hacen huelga, los ciudadanos también sufriremos las consecuencias, pero en este caso habrá que darlo por bien empleado. Nos jugamos la democracia.