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Hay que suponer que el ministro Marlaska y su equipo de Interior no tenían mala intención cuando redactaron al vuelo el Reglamento de Extranjería que perjudica a Salamanca porque 'espanta' a los norteamericanos que viene aquí a aprender español. Ante las trabas de la burocracia marlaskiana los estudiantes se lo van a pensar dos veces, y al final puede que opten por México que les cae más cerca. Lo del ministro de Interior más nefasto de cuantos lo han sido, y eso es mucho decir, seguramente sea torpeza, sin más.
Otra cosa es la mala uva y el trágala que supone el reparto de menores no acompañados entre las autonomías. Ayer la vicepresidenta y consejera de Familia de la Junta, Isabel Blanco, conocía de boca del Gobierno la confirmación del abuso en la distribución de los menas: a Castilla y León le corresponderán 763 y a Cataluña una veintena. Y todo porque Puigdemont, xenófobo declarado, no quiere saber nada de esos niños venidos de África, que a su juicio son tan despreciables como los españoles en general.
A cambio de los votos del prófugo de Junts, Pedro Sánchez está dispuesto a soliviantar a unas cuantas autonomías (casi todas gobernadas por el PP) mandándoles el grueso de los chavales, mientras los desleales y racistas de Cataluña y País Vasco se libran de tener que gastar dinero y personal en atenderles.
El Gobierno sanchista se acoge a un concepto de la solidaridad y la generosidad que consiste en el «yo invito y tú pagas». Esa filosofía se traduce casi siempre en que el Ejecutivo de la nación se quita responsabilidades y se las endiña a las autonomías. O a los ayuntamientos, como es el caso de la nueva Oficina Judicial, que traspasa a los municipios la obligación de realizar todos los trámites del registro civil de forma digital, y les conmina a nombrar, además, a una persona responsable de esas tareas. Tiene razón Pilar Sánchez, portavoz del Grupo Popular en la Salina: es una medida inasumible e inaudita, sobre todo en aquellos consistorios de pueblos pequeños, como hay tantos en Salamanca, que no tienen secretario o lo tiene compartido con otros municipios, donde no hay más personal que el alcalde y sus concejales, que bastante tienen con ocuparse de casi todo sin cobrar nada o casi nada.
El PP pide negociar una financiación adecuada para que los ayuntamientos asuman estas competencias, pero ya se sabe que este Gobierno solo negocia con los delincuentes como Puigdemont o los herederos de los delincuentes y asesinos, como son los de Bildu.
Las noticias que llegan a Salamanca desde La Moncloa suelen ser casi todas malas. Hay algunas excepciones, claro está. Por ejemplo, esta semana hemos sabido que el ministro Puente, además de insultar y rabiar en redes sociales, ha sacado tiempo para ocuparse del enlace de Buenos Aires y ya tenemos un bonito proyecto con dos carriles en altura. Era la opción más barata (aquí se racanea, en Cataluña y País Vasco, se dilapida a manos llenas pero por fin el Gobierno pone en marcha una infraestructura vital para las comunicaciones en Salamanca, aunque sea con seis años de retraso.
Puente no nos tiene acostumbrados a este tipo de noticias, sino a los a desplantes y desprecios varios. Hace unos días demostró su verdadero carácter cuando criticaba al presidente de la Junta por anunciar autobuses gratis para todos los empadronados en Castilla y León. «Tenéis el peor transporte de España», le decía el ministro a Mañueco. Puede que sea cierto: desde luego, cuando Puente cumpla su plan de eliminar paradas de AVE y de autobús en la Comunidad, estará mucho peor. Y en lugar de arreglarlo, se cachondea.
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