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Podría Sánchez cantar con todo el sentimiento aquello de «todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda». A él no le engordan las escandalosas cesiones a los independentistas, pero todas ellas rozan lo ilegal o inconstitucional y desde luego son profundamente inmorales.
Pero le va a dar igual, porque hace ya tiempo que perdió la vergüenza torera y no hay límites ni líneas rojas que no esté dispuesto a sobrepasar. Entre las muchas barrabasadas que está cometiendo a cuenta de las exigencias de Puigdemont, las presiones para que las empresas huidas tras el 'procés' son una de las más escandalosas porque atentan contra la libertad de empresa y rompen los principios en los que se basa el mercado europeo. Esto al presidente del Gobierno le importa un bledo, así que veremos cómo, con el dinero de todos los españoles, subvenciona y premia a las firmas que vuelvan al corralito nacionalistas y castiga a las que decidan mantenerse lejos del contubernio catalán.
A los salmantinos estas medidas les afectan por partida doble: por un lado, tenemos aquí catorce empresas que huyeron de los golpistas tras la declaración unilateral de independencia y que ahora se plantearán volver a Cataluña porque el retorno tendrá premio. Y por otro, nos tocará pagar, como al resto de españoles, el coste de los incentivos para el traslado de los domicilios sociales.
La jugada es tan solo una pequeña parte del atraco a que nos van a someter Sánchez y Puigdemont a lo largo de la legislatura. Todo lo que sanchistas y golpistas están acordando afecta a la igualdad y a nuestra dignidad como ciudadanos de un país democrático, pero también daña nuestro bolsillo. Ceder las competencias en inmigración, aparte de implicar que la extrema izquierda asume los postulados supremacistas y xenófobos de Junts, cercanos a los planteamientos de la extrema derecha, acarreará más transferencias a la Generalidad a cargo de los fondos del Estado, que tendrá menos dinero para invertir en el resto de autonomías. A eso hay que sumarle que entre todos tendremos que apoquinar los quince mil millones de euros de la deuda catalana que Sánchez condonará sin pestañear siquiera, y después vendrá la propina en financiación que supondrá la reforma de los criterios de cómputo de las balanzas fiscales regionales, una maniobra destinada a mostrar al mundo que Cataluña recibe menos de lo que da.
En realidad, lo de las balanzas fiscales es un despropósito como concepto, porque no son las autonomías sino los individuos quienes tributamos a Hacienda, y si Cataluña o Madrid pagan más impuestos es porque tienen más ricos y más grandes empresas que el resto. Compensar esas falaces balanzas implica dar más a los que más tienen en detrimento de territorios como Salamanca o Castilla y León que necesitan de la solidaridad del resto para sobrevivir.
Y tras el truco del almendruco con las balanzas vendrá la equiparación de la hacienda catalana con las sobrefinanciadas haciendas vasca y navarra, que gracias al cupo y al privilegio foral se quedan con lo suyo y con parte de lo de todos. España ha aguantado hasta ahora el escándalo de la excepción vasca y navarra porque el peso de ambas regiones no es determinante en el PIB nacional, pero cuando Sánchez conceda el mismo trato a Cataluña, que multiplica por dos y medio la riqueza de las otras dos autonomías, la financiación del resto se hundirá sin remedio.
La Junta de Castilla y León recurrirá y pataleará, como ha anunciado Mañueco, pero aquí mandan los enemigos de España y el atraco está asegurado. Solo queda resistir como sea y minimizar daños hasta que pase la plaga del sanchismo.
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