Como diría el alcalde de la capital, en Salamanca no se necesitan más titulares, sino grúas y ladrillos. Fue la denuncia de Carlos García Carbayo en el Foro Gaceta de la Vivienda celebrado ayer, en el que pudimos comprobar que en esto de la vivienda hay administraciones que cumplen y otras que venden humo.
Porque mientras Pedro Sánchez se pasea por España anunciando la construcción de 184.000 viviendas, una cifra tan grandilocuente como vacía, en Salamanca no ha levantado ni una sola. Ni una. Y en Castilla y León, tampoco. Y en España… pues a finales de 2024, apenas se había entregado un 5,5% de lo prometido, seguramente en aquellos territorios donde reinan los amigotes del inquilino de La Moncloa. El resto es propaganda barata.
El Gobierno central ha optado por la política del anuncio, del titular fácil y no se ha puesto manos a la obra. Lo único que ha hecho en estos siete años que lleva Sánchez disfrutando del poder, ha sido para peor, como ese decreto que protege al okupa y espanta al propietario. El sanchismo ha convertido el mercado del alquiler en una jungla donde el miedo reina y la oferta huye. ¿Resultado? Menos pisos disponibles, precios más altos y un mercado bloqueado e inaccesible.
Frente a esta parálisis estatal, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca sí han movido ficha. La Junta ultima un seguro antiokupa que protegerá al propietario frente a impagos y destrozos, siempre que la renta se ajuste a los límites de las VPO. Una fórmula sensata que incentiva el alquiler sin demonizar al propietario. Además, ha puesto en marcha ayudas al alquiler que beneficiaron a más de 21.000 personas el año pasado, con más de 50 millones de euros invertidos. Y para los jóvenes ayudas para conseguir que la hipoteca cubra el 97,5% del precio de compra.
El Ayuntamiento, por su parte, ha entregado 329 viviendas de alquiler asequible, con rentas entre 300 y 350 euros, con promociones en Capuchinos, Ciudad Jardín, El Rollo, Huerta Otea, Pizarrales y San Bernardo. Y vienen más: 55 viviendas en Pizarrales para menores de 36 años y otras 48 en Capuchinos para mayores o personas con movilidad reducida. Además, se estudia subastar solares municipales para que promotores privados construyan vivienda pública. Una apuesta por la colaboración público-privada que puede dar frutos si se acompaña de agilidad administrativa.
Pero no todo es aplauso. Ni la Junta ni el Ayuntamiento están haciendo lo suficiente. Lo que se ha puesto en marcha es relevante, sí, pero no llega para solventar el arduo problema de la compra y el alquiler de viviendas. Salamanca necesita más inversión, más promociones, más suelo público movilizado. La Junta debe acelerar la construcción en los municipios que ya han cedido solares. No basta con pedir paciencia: hay que construir. Y el Ayuntamiento debe garantizar que las licencias se tramiten con agilidad real.
La vivienda industrializada, que la Junta contempla como solución en zonas rurales, puede ser una vía interesante. Pero no debe convertirse en excusa para la inacción. Salamanca y Castilla y León necesitan vivienda pública en número suficiente como para revertir la actuación situación de crisis. Lo ideal sería que el Gobierno de España acompañara, que dejara de mirar hacia otro lado y cumpliera con su palabra, pero con eso no hay que contar, porque Sánchez está a otra cosa. A reírse la oposición que le llama a declarar en el Senado sobre la corrupción que le rodea, por ejemplo.
