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A la Consejería de Educación de la Junta le han colado un gol por toda la escuadra los profesores que eligen los textos para el comentario de los estudiantes que se presentaban este año a la Prueba de Acceso a la Universidad. Los ocho docentes encargados de la selección eligieron un editorial de El País que arremete contra las universidades privadas, cuya enseñanza tacha de elitista y deficiente.
La elección del texto esconde una forma un tanto sibilina de condicionar el pensamiento de los jóvenes que están a punto de elegir qué quieren estudiar y dónde. Si se dejaran influir por el editorial, desde luego lo último que harían sería matricularse en una universidad privada, ¡con lo malísimas que son!
Porque no es un texto equilibrado donde se someta la cuestión a debate, con sus pros y sus contras, sino un alegato contra la enseñanza privada en nuestro país, donde hay medios, partidos políticos y todo un Gobierno de la nación implicados en una batalla contra todo lo que sea privado, y en especial en el terreno de la educación. El sanchismo está en contra de la sanidad privada, de los autónomos, de los grandes empresarios, de los profesionales liberales y de todo lo que no sea estrictamente público, es decir, suyo. Porque tienen un concepto patrimonial de cualquier actividad económica. Como diría la socialista Carmen Calvo, «el dinero público no es de nadie…», salvo del Gobierno (añado), que puede utilizarlo a su gusto y conveniencia.
Si por el Ejecutivo de Pedro Sánchez fuera, todas las universidades serían públicas, pero no independientes e implicadas en la búsqueda de la verdad, como lo son ahora, sino que todas serían dependientes del poder político, a poder ser de la izquierda. Para que papá Estado marque a nuestros hijos, a las futuras élites, lo que deben pensar. O para que no tengan problemas en regalar cátedras a quienes no son catedráticos/as.
De hecho, el Gobierno sanchista ha endurecido las condiciones para la creación de universidades privadas y sus informes son sistemáticamente contrarios a cualquier iniciativa en ese sentido.
El editorial al que han sido 'sometidos' los estudiantes de Castilla y León ahonda en esa herida y los rectores de las cinco universidades privadas de Castilla y León, entre ellas la Pontificia de Salamanca, se han visto obligados a presentar una queja formal ante el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, al que la bomba le estalla en la cara sin comerlo ni beberlo. Desde luego, el presidente de la Junta está en las antípodas ideológicas de ese editorial, pero eso no es obstáculo para que deba sentirse obligado a depurar responsabilidades y a establecer mecanismos para que una 'jugada' de este tipo no vuelva a repetirse. Si le han metido un gol por la escuadra y ha sido con la mano, habrá que tomar medidas.
Y todo esto ocurre cuando el Gobierno sanchista ha iniciado una reforma de la PAU de manera tan acelerada e improvisada que ha suscitado más críticas que adhesiones. A pesar de que se ha implantado un modelo en teoría más homogéneo, los criterios de corrección están muy lejos de ser comunes y la desigualdad entre autonomías se mantiene. Así, por ejemplo, no es de recibo que las penalizaciones por faltas ortográficas sean de 0,10 puntos en unas autonomías y de 0,25 en otras. Desde luego, sin contenidos curriculares similares en todas las regiones, el sistema seguirá generando desigualdades y en la Universidad de Salamanca seguiremos viendo cómo estudiantes de otras autonomías consiguen las plazas en las facultades más solicitadas a pesar de tener peor preparación.
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