Una deuda de dignidad

Una cifra que no es una metáfora, sino la suma de proyectos comprometidos, anunciados a bombo y platillo y abandonados después en el fondo de los cajones ministeriales.

El ejemplo más sangrante son los más de 44 millones de euros que duermen en el olvido desde 2023. Casi tres años después, no se ha movido ni un euro: ni una excavadora, ni un cartel de obra, ni una mesa de contratación, ni una adjudicación. Nada para Salamanca.

Y ese abandono incluye actuaciones tan esperadas como la rehabilitación del Palacio de Justicia que, paradójicamente, comenzará días después de haber incumplido los plazos previstos, o la construcción de la tercera sede del Centro Documental de la Memoria en Tejares, una infraestructura anunciada como estratégica y que está más cerca del olvido que de la primera piedra.

La lista de negra de las deudas del sanchismo con la provincia se completa con los 15 millones para la reforma del enlace de Buenos Aires, 14 millones para Tejares y 4,8 millones para el cuartel de la Guardia Civil en Ciudad Rodrigo, todas ellas obras que ni siquiera han sido licitadas y sobre las que no se ha registrado ni el más mínimo avance administrativo. Como si la provincia fuera una nota a pie de página en un documento que nadie piensa volver a abrir.

Y todavía hay más lastre. Tras la aprobación de los Presupuestos actualmente en vigor, el Ministerio de Transportes comprometió 55 millones para la reforma integral de autovías y carreteras nacionales en la provincia. Una inversión vital para unas infraestructuras convertidas en peligrosas gincanas para viajeros. Sin nuevas cuentas, esos proyectos quedarán bloqueados, aplazados o, lo que es más probable, pospuestos hasta que Su Sanchidad tenga a bien convocar elecciones: entonces volverán a parecer urgentes por arte de magia.

La provincia observa cómo sus necesidades chocan contra un muro de anuncios vacíos y compromisos posteriores, pero nunca presentes. En Salamanca nos hemos vuelto expertos en distinguir una promesa real de una frase hueca: la primera deja ruido de maquinaria y movimiento de tierras; la segunda se reconoce al instante porque se pronuncia siempre ante un micrófono y se olvida a la mañana siguiente.

Quizá el mayor reproche no sea el retraso, que ya es habitual, sino la falta de respeto implícita en esta manera de gobernar. Porque Salamanca no pide privilegios al Gobierno de Sánchez, solo pide cumplimiento. Pide que los millones prometidos no se evaporen en el marasmo de los presupuestos. Pide que al menos se le devuelva a los salmantinos una parte de esos cientos de millones de euros que está recaudando de más la Hacienda sanchista en esta tierra.

Y, sobre todo, pide que el Estado deje de tratar a Salamanca como una provincia enemiga solo por el hecho de no votar mayoritariamente al PSOE y no ser uno de esos territorios desleales con España a los que tanto cuida y regala Sánchez. Porque la deuda con Salamanca ya no es solo económica: es una deuda de dignidad y de justicia. Algo que debería avergonzar a los cargos socialistas que, en teoría, representan los intereses de los salmantinos.