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DE CALLE

Otro atraco a la vista

La publicacion de las balanzas fiscales abre la puerta a que el Gobierno nos rasque el bolsillo para premiar a Cataluña

Jueves, 14 de marzo 2024, 06:00

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Todo o casi todo lo que está haciendo el Gobierno sanchista desde que le birló la mayoría al PP tras negociar pactos infumables, nos afecta para mal.

La amnistía supone la culminación de todos esos males, pero lo que viene detrás de la vergonzosa medida de gracia no es moco de pavo. El siguiente paso en las cesiones de Sánchez frente a las exigencias de golpistas, separatistas y proetarras nos afecta al bolsillo, que es donde más duele (después del alma, claro).

Antes de emprender el camino hacia un referéndum para romper España (lo habrá más pronto que tarde, llámenle consultivo, vinculante o desternillante) los supremacistas catalanes que tienen al presidente del Falcon agarrado por el tren de aterrizaje, se disponen a arreglar la cuestión de la pela, asunto central en el rosario de quejas de Junts y ERC.

Para contentar a Puigdemont, Junqueras y el resto de delincuentes excarcelados o fugados, el Ministerio de Hacienda acaba de publicar los datos 'en bruto' de las balanzas fiscales autonómicas. Es el primer paso de la ministra Montero para demostrar que los catalanes son unos pobrecillos a los que el resto de los españoles llevamos décadas robando el pan, y para promover en consecuencia un cambio en el reparto de los dineros públicos que les haga a ellos más ricos de lo que son y a los demás más pobres de lo que ya somos.

De entrada, eso de las balanzas fiscales por autonomías es una falacia, un truco del almendruco, una vulgar trampa. Se supone que son el resultado de restar lo que gasta el Estado en una región de lo que esa región aporta en impuestos al Estado. La argucia consiste en considerar a las autonomías como sujetos fiscales, cuando quienes pagamos impuestos somos los ciudadanos y las empresas. Las regiones más ricas pagan más impuestos y las más pobres, menos. De cajón. Y todas reciben (o deberían recibir) unos servicios y unas inversiones similares. Exigir, como hacen los separatistas catalanes, que el Estado destine a esa comunidad todo lo que sus contribuyentes pagan por todos los conceptos, es como si un ciudadano que paga de IRPF cuatro veces más que otro (porque cobra el doble o el triple) exige medicamentos cuatro veces más caros. Un disparate.

Una insensatez, sí, pero a la que los aliados de Sánchez ya le han puesto cifras, incluso antes de conocer las balanzas dichosas. Puigdemont dice que el Estado español les debe la friolera de 450.000 millones de euros en concepto de deuda histórica. Parece mucho, pero el Gobierno ya ha anunciado que les perdonarán 15.000 millones de su propia deuda con el Estado. Para que se hagan una idea, el Gobierno presupuesta (dice que va invertir, que luego no invierte) 250 veces menos, unos 60 millones al año en Salamanca. Con lo que les perdonan y lo que les van a dar cuando consigan un tratamiento fiscal al estilo de Navarra y País Vasco, para nuestra provincia y para comunidades como Castilla y León no van a quedar ni las migajas.

Así que no hay dinero del Gobierno para arreglar al autovía A-62 que parece un museo del bache, ni para habilitar un espacio en el que vigilar a los presos que van al Hospital, ni tampoco para acondicionar una estancia aceptable donde ubicar el Tribunal de Menores. Y eso recurriendo solo a tres de las últimas denuncias aparecidas en este periódico en los últimos días. De terminar la electrificación a Fuentes de Oñoro o recuperar el tren Ruta de la Plata, ya ni hablamos. Con tanto como se dispone a regalar Sánchez a los golpistas que le sostienen, en Salamanca no va a quedar ni para pagar el paro o las pensiones.

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