Atraco a la catalana

Si alguien tenía dudas sobre si el Gobierno sanchista se atrevería a romper el régimen común de la Hacienda española para conceder a Cataluña el trato privilegiado que ya disfrutan País Vasco y Navarra es porque no conoce a Pedro Sánchez. El inquilino de La Moncloa está dispuesto a pagar a los secesionistas todo lo que le pidan con tal de mantenerse en la Presidencia, y más ahora que la justicia se le ha colado en el dormitorio. Necesita más que nunca seguir disponiendo del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General para utilizarlos como parapeto contra los osados magistrados que se atreven a husmear en sus chanchullos.

Así que no ha dudado ni un momento cuando le han exigido acabar con principios constitucionales como la igualdad y la solidaridad entre españoles. No le ha temblado el pulso a la hora de firmar un acuerdo que supone hacer más ricos a los catalanes y más pobres al resto de los españoles, incluidos por supuesto los castellanos y leoneses, que serán de los más perjudicados por las concesiones a ERC a cambio de colocar a Salvador Illa en la Generalidad.

Así cae con estrépito el argumento sanchista de que todo se hace para pacificar y encauzar el 'procés'. El proceso catalán, que no es sino una forma remilgada de llamar al golpe de Estado, está más vivo que nunca. Solo que ahora es el Partido Sanchista, en su versión «barretina y sardana», el que lidera el movimiento para desgajar a Cataluña del Estado. Illa será ahora el encargado de aplicar la persecución al castellano, la promoción de las selecciones «nacionales» catalanas y el avance hacia un referéndum de segregación «pactado». La manera de Sánchez e Illa de vencer a los golpistas ha sido unirse a ellos.

El regalo del «cupo catalán» no es cualquier cosa. Este país puede soportar a duras penas el atraco que supone la hacienda foral vasca y navarra, pero aplicar el mismo beneficio a Cataluña supone reventar el sistema, porque la economía catalana es dos veces y media mayor que las otras dos juntas. Dejar que ellos recauden todos los impuestos y luego nos den al resto de España unas migajas nos llevará a la ruina.

Sería «su» problema si la cobardía del presidente del Gobierno no nos saliera tan cara. Porque ha comprado el sillón de la Generalidad y la continuidad en La Moncloa a costa de quitarnos buena parte de los fondos que Salamanca debería recibir del Estado en los próximos años para educación, sanidad, servicios sociales, trenes y carreteras. Sánchez compra su espléndido presente con nuestras pensiones y con el futuro de nuestros hijos, y luego veremos cómo le aplauden y le entregan el voto los parlamentarios socialistas de la plaza, David Serrada o Elena Diego. Dios se lo pague con un buen cargo.

El robo ya está ejecutándose, y de poco sirve que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anuncie una «batalla judicial sin precedentes» contra el acuerdo PSOE-ERC «en el Tribunal Constitucional, ante los tribunales superiores de Justicia, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo». Demasiados frentes, señor Mañueco. Tiempo perdido. Al final siempre aparece Cándido Conde-Pumpido para salvar las trapacerías de Sánchez. También ha dicho Mañueco que «en Castilla y León no se va a perdonar a Sánchez ni a los dirigentes que adopten una decisión de estas características» y que va a obligar «a los socialistas que tengan responsabilidades en ayuntamientos y diputaciones para que se pronuncien». Eso no servirá de mucho, pero al menos escuece.

España se parece cada vez más a Venezuela. Tampoco aquí hay freno a la voluntad del líder supremo.