El otro apagón

Ha pasado casi medio año y la oscuridad se mantiene. El apagón del 28 de abril de 2025 no fue un rayo caído del cielo ni una fatalidad imposible de prever. Fue, simple y llanamente, el resultado de años de decisiones equivocadas y de una gestión deficiente de quienes tenían en sus manos la seguridad eléctrica del país. Y hoy, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez intenta culpar a las compañías eléctricas, la verdad se abre paso con una crudeza incómoda: las empresas siguieron al pie de la letra las instrucciones del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE). El fallo estuvo arriba, no abajo.

Basta con repasar las explicaciones que en los últimos meses han dado tanto el Gobierno como REE. La estrategia ha sido clara: señalar con el dedo a las eléctricas por no haber controlado a tiempo la tensión de la red. Pero nadie explica por qué esas órdenes se dieron de manera errática, ni por qué el sistema carecía de colchón suficiente para soportar un incidente sin que todo el país quedara a oscuras. Aquí no fallaron unas cuantas empresas despistadas, falló el cerebro del sistema, que no supo o no quiso anticipar lo inevitable.

La presidenta de REE, Beatriz Corredor, antigua ministra socialista, se ha defendido con uñas y dientes asegurando que todo se hizo conforme a la normativa y que «la red funcionó bien». Pero, ¿qué significa que «funcionó bien» un sistema que dejó a hospitales, aeropuertos, metros y comercios sin luz durante horas? Lo que funcionó fue la propaganda, no las infraestructuras. Corredor ha repetido que las renovables no tuvieron nada que ver en el desastre. Y, sin embargo, es precisamente bajo su mandato cuando se consolidó una apuesta desequilibrada: dar prioridad absoluta a la eólica y la solar, dejando de lado fuentes más estables como la hidráulica o los ciclos combinados, que hubieran aportado la estabilidad necesaria para evitar semejante debacle.

La transición energética es indiscutible y necesaria, pero lo que aquí se ha hecho es confundir velocidad con seguridad. Se ha empujado a toda prisa un modelo eléctrico que presume de verde, pero que descuida lo esencial: que cuando alguien enciende el interruptor, la luz se encienda. Las advertencias de expertos que alertaban sobre la fragilidad del sistema, sobre la falta de reservas y sobre el riesgo de apagones, fueron ignoradas. Y la factura la pagamos todos el 28 de abril, no solo en euros, sino en confianza y en seguridad.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de asumir su responsabilidad, prefiere parapetarse en un discurso cómodo y culpar a las empresas privadas, por si hay que pagar indemnizaciones multimillonarias. Pero todos sabemos que las eléctricas, nos gusten más o menos, operan bajo las órdenes de REE. Y REE no es una empresa cualquiera, es el operador único, monopolio legal, con responsabilidad directa sobre la estabilidad del sistema eléctrico. El intento de trasladar la culpa a las compañías eléctricas es una maniobra política para salvar la cara de Corredor y de un Ejecutivo que apostó por un modelo tan frágil como presuntuoso.

Lo ocurrido el 28 de abril no es un simple fallo técnico. Es la consecuencia de la soberbia política y de la complacencia de quienes debían garantizar que nunca nos quedáramos sin luz. Que nadie intente engañarnos: las empresas obedecieron. Los que mandaban eran otros. Y esos otros se llaman Red Eléctrica y Gobierno. La oscuridad de aquel día no fue solo la de las calles y las casas. Fue también la de una gestión que nos dejó indefensos. Y mientras no se asuman responsabilidades claras, el riesgo de volver a caer en la penumbra seguirá siendo demasiado real.