Más allá de las banderas

La ofensiva de Pedro Sánchez contra Israel es un señuelo, una maniobra de distracción para que no se hable de la corrupción que inunda La Moncloa y sus aledaños. Se puede estar en contra de la guerra de Netanyahu, de sus excesos y de su brutalidad, pero lo de acusarle de genocidio es más una pose de conveniencia del presidente del Gobierno que una convicción. Cuando se emprende un genocidio, no se avisa a la población que se quiere eliminar para que desaloje las zonas donde se van a lanzar bombas o ataques. Si Sánchez considera que estamos ante un genocidio, tendría que romper relaciones diplomáticas y no anunciar una batería de medidas de cara a la galería, la mayoría de las cuales son imposibles de cumplir.

Así que conviene dejar de lado el señuelo de Gaza y las amistades peligrosas de nuestro presidente con Hamás y centrarse en lo que realmente afecta a los españoles. Todo lo mucho que Sánchez está haciendo para socavar la democracia, dividir a los ciudadanos y destruir la nación. Y lo mucho que no está haciendo, que es todo. Porque no tiene mayoría para gobernar y solo puede aprobar leyes y decretos en beneficio de sus extorsionadores, esos compañeros de viaje separatistas y filoterroristas que solo le mantienen porque está dispuesto a concederles cualquier tipo de prebenda en detrimento del resto de los ciudadanos.

Que las banderas de Palestina no nos impidan ver el paisaje de corrupción, esa marea creciente que cerca a Sánchez y que en cualquier país democrático habría provocado ya la convocatorio de elecciones.

Hay tanto para elegir que resulta muy complicado acertar con el mayor escándalo entre la amplia panoplia de casos ofrecidos por la familia, el Gobierno y el partido, pero sin duda el anuncio de la presencia del fiscal general del Estado en el banquillo debería figurar en lo más alto de la lista. Solo en un país donde la democracia se ha deteriorado hasta extremos insospechados puede ocurrir que quien tiene la suprema responsabilidad de dirigir la investigación de los delitos y ejercer la acción penal en representación de todos los españoles vaya a sentarse ante un juez del Tribunal Supremo para ser acusado por sus subordinados, fiscales a los que deberá dar instrucciones de por dónde tirar. Sería de teatro del absurdo, algo completamente kafkiano, si no fuera una auténtica vergüenza para España como país. Que el Gobierno sanchista siga apoyando a García Ortiz, presunto delincuente, como fiscal general es algo insólito entre las democracias occidentales, pero ya no puede sorprendernos porque cualquier pieza del tablero necesaria para la continuidad de Sánchez contará con el respaldo unánime del presidente y sus acólitos.

En ese paisaje maloliente de corrupción brilla con luz propia la nueva comparecencia de Begoña Gómez ante el juez, en la que, como cabía prever, ha mentido a conciencia y ha asegurado que su asesora pagada con el dinero de todos los contribuyentes no trabajó para sus negocios particulares. La esposa del presidente se salva porque como acusada puede inventar cuanto quiera, pero todo sabemos que Cristina Álvarez estaba dedicada en cuerpo y alma a fomentar sus proyectos universitarios y empresariales. Y luego tenemos a Cerdán pidiendo al Supremo que no investigue al ministro Torres porque es aforado, a Ábalos erigiéndose en defensor de la mujer, a Koldo intimando con la corrupta venezolana, al hermanísimo desaparecido…

Pero en los medios sanchistas solo se habla de Gaza, de los esforzados defensores de Palestina que arremeten contra los ciclistas, y en todo caso, de la tensión entre Rusia y Polonia. Aquí en España no pasa nada.