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El acceso a la vivienda en España está hoy en una situación muy grave. Unos datos: el 45 % de los españoles que viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos (2022) del Informe Anual del Banco de España. Cifra que nos convierte en el país que lidera este triste porcentaje. Algo tendrá que ver que España cuente en la actualidad sólo con 300.000 viviendas de propiedad estatal destinadas al alquiler social, el 1% del total frente al 7% de media de la UE. Y que deban construirse 1,5 millones de nuevos hogares para poder equipararnos a esa media. Son datos del Banco de España que hablan por sí solos.
El economista Roger Medina, que maneja datos del INE y del Banco de España, estima en más de 80.000 el déficit de viviendas sólo en Cataluña. Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana también presentan déficits significativos. Y la tendencia va a seguir siendo la misma. Detrás de estas cifras, la inmigración, los nuevos hábitos sociales (divorcios y separaciones), las dificultades administrativas para la promoción de viviendas, etc., etc.
Por otra parte, las ayudas públicas al alquiler son absorbidas automáticamente por el incremento de los precios y así se convierten más en una ayuda al propietario que al inquilino. Buenas intenciones pero dudosos resultados. En otras palabras: o las Administraciones Públicas intervienen en el mercado de viviendas o el problema no tiene solución. Ya que el mercado por sí mismo es incapaz de suministrar a un precio accesible las viviendas necesarias, es imprescindible que intervengan las administraciones públicas. Estas lo pueden hacer de muchas formas, por ejemplo, con suelo barato, viviendas de protección y otras medidas. El coste de las viviendas puede así reducirse significativamente y los jóvenes podrán acceder a ellas sin dejarse la mayor parte de sus sueldos.
En palabras del analista Josep Martí Blanch, «todo conduce al mismo sitio: pagamos ahora la falta de previsión, atención al problema y planificación de las instituciones. Y toca apretar los dientes durante algún tiempo, pues no hay solución ni en el corto, ni en el medio y quizás tampoco en el largo plazo. Y eso, aún confiando en que se hagan realidad los planes anunciados últimamente, sean los del Gobierno central con Pedro Sánchez vestido de promotor inmobiliario o los 50.000 pisos prometidos por Salvador Illa. Sólo que ese gran parque público de vivienda de alquiler, en el mejor de los casos, tardará años en ser una realidad».
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