¿Hay quien dé más?

Un juzgado de Tarragona ha imputado a 28 personas, muchos de ellos miembros de la cúpula directiva del Ministerio de Hacienda cuando estaba liderado por Cristóbal Montoro. El magistrado que instruye este caso señala como presuntos responsables, de forma indiciaria, a altos cargos que hoy ostentan puestos de responsabilidad en firmas reconocidas. Entre los investigados se encuentra José Alberto García Valera, socio director en Andalucía de EY. Este ex alto cargo, que tiene recorrido en la Administración tributaria (fue consejero de Hacienda en el primer gobierno de Moreno Bonilla), fichó por la multinacional de la consultoría y la auditoría en septiembre de 2018, tres meses después del cambio de Gobierno. Otra gran consultora que se ve afectada por este caso es Kreab. En la firma trabaja Miguel Ferre, que fue secretario de Estado de Hacienda, y es uno de sus socios destacados desde 2020 como responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles.

Sorprende que este proceso haya tardado siete años en salir a la luz, y salir en Tarragona.

El instituto Varieties of Democracy (V-Dem), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) calcula un indicador de corrupción para 38 países. Dentro de este indicador, en 2019 España ocupaba el puesto 23, pero en 2024 había subido al puesto 14, dentro de la lista de los países con mayor corrupción que encabezan Turquía y México.

España es el país que más ha empeorado en este ránking, con un descenso del 178% en su puntuación en esos cinco años, seguida de Finlandia, Islandia y Portugal. En el lado opuesto, República Checa, Estados Unidos y Letonia son los que registraron las mejoras más notables entre 2019 y 2024.

Según la UE ha señalado, el 91% de las empresas españolas creen que la corrupción está generalizada, frente al 64% de las empresas de la Unión Europea.

Respecto a la deficiencia regulatoria, España se coloca un 33,4% por encima del promedio de la UE, lo que pone en evidencia una situación mejorable en lo que se refiere a normas contra la corrupción.

Y si todos esos datos son ciertos -y no hay por qué dudar de ello- en España los partidos deberían olvidarse del «y tú más» y ponerse de acuerdo para redactar normas que nos permitan leer tranquilos el periódico y no toparnos diariamente en primera página con las caras de Santos Cerdán y de Montoro.

Nadie, excepto los corruptos, se opone hoy a mejorar las normas contra la corrupción. Pero también la mayoría de los españoles quiere una nueva Ley Electoral y ahí seguimos, en manos de los separatistas.