Ponme donde haya

En España, la corrupción es la principal causa de muerte de los gobiernos de todo color. Anida con facilidad en la política. Hace más de treinta años que me dedico al estudio de estos asuntos, pero las preguntas sin respuesta satisfactoria siguen siendo las mismas: ¿Por qué no se garantiza de una vez la independencia judicial? ¿Qué interés existe en controlar la Fiscalía General del Estado? ¿Cuándo se tomará en serio la necesidad de agilizar la justicia? ¿Por qué somos los campeones mundiales del aforamiento? ¿De qué sirven esas comisiones de investigación que sólo confirman lo que desea la mayoría parlamentaria? ¿Aún no ha llegado el momento de reformar la concesión de indultos? Cuando la indignación social crece, los gobiernos reaccionan maquillando el Código Penal con reformas usualmente inviables, pero que suelen calar en el electorado. Sin duda, la cárcel vende mucho.

Afirmar que todos los políticos son corruptos no sólo constituye una grave injusticia, sino una auténtica temeridad. Afirmaciones de este tipo minan la confianza en el sistema, favorecen la desinformación y sirven el poder en bandeja de plata al populismo, que se aprovecha del cabreo de la ciudadanía para socavar las instituciones democráticas. En pocos meses, es muy posible que los caminantes verdes formen parte del Consejo de Ministros porque las opciones políticas que han venido disputándose el poder desde hace casi medio siglo no han sido capaces de pasar del insustancial y grosero «tú, más» al responsable reconocimiento del «yo, también».

Las instituciones requieren del impulso de los partidos políticos. La Constitución les encomienda expresamente la misión de canalizar la voluntad popular, exigiéndoles una estructura y un funcionamiento democráticos. En su lugar, los partidos operan con demasiada frecuencia como burdas agencias de colocación en beneficio de sus afines, ignorando los problemas reales de la ciudadanía, y expulsan del sistema a quienes aspiran a hacer auténtica política. Conocen, encubren y toleran el desvío de las potestades públicas en beneficio de particulares, sólo reaccionando –y no siempre, ni bien– cuando son descubiertos.

Búsquense las raíces del problema en la sede de esos partidos que bien podrían comenzar a abordar la respuesta a algunas de las preguntas que planteé antes. Me permito la osadía de afirmar que algunas soluciones no necesitan demasiada ciencia. Al final va a ser cierto: perro no come perro. Quita, que ahora me toca a mí. Los controles… me sobran.