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En democracia, cuestionar la actividad de los políticos es un deber ciudadano. Con ello no me refiero al hooliganismo al que, casi sin darnos cuenta, nos llevan unos y otros, sino a la serena reflexión de la que no tienen por qué derivar conclusiones exclusivas y excluyentes. Por eso, en el debate sobre asuntos públicos, todos debemos usar la razón antes que la pasión.
La reforma de la LO 7/2014 reabre la caja de los truenos. Salió del Congreso con el apoyo de todos, pero alguien agitó el avispero advirtiendo que, una vez aprobada, más de cuarenta miembros de la extinta banda terrorista ETA podrían verse beneficiados con sustanciales rebajas en sus condenas. Enseño derecho penal desde hace más de treinta años, pero no se precisa mucha ciencia para determinar los elementos fundamentales de la discusión. De nuevo, el sentimiento supera a la razón, apelando al dolor de las víctimas. Quienes aún tenemos presente la saña de esos criminales –cada vez somos menos; el tiempo pasa– no podemos evitar que nos angustiemos al saber que sus condenas van extinguiéndose, pero el mismo Estado de Derecho que los derrotó nos exige que así sea.
La LO 7/2014 adaptó a nuestro derecho una norma comunitaria destinada a regular el valor en España de las condenas impuestas en otro Estado de la Unión sobre procesos luego abiertos en nuestro país sobre la misma persona. Es obvio: si alguien comienza a purgar su castigo en otro país y luego es entregado a España para agotarlo, no debería cumplir aquí la totalidad de la pena, sino sólo lo que le reste. Sin embargo, durante su trámite en el Senado, se añadió una disposición por la que ese tiempo ya cumplido no debería apreciarse –es decir, debería aplicarse la pena íntegra en España– si la condena dictada en otro Estado comunitario fuera anterior a la Asunción de la Virgen de 2010. En tales casos, y sólo hasta esa fecha, esas personas eran castigadas dos veces por los mismos hechos; injusto, por graves que fueran los delitos. Esto es lo que ocurrió con numerosos etarras, antes condenados en Francia.
En defensa de las garantías constitucionales más elementales y del espacio judicial europeo, lo que abochorna es que en su día nadie se opusiera a esa excepción que la actual reforma, con el aval unánime de todos cuantos votaron, quiere eliminar. Los diputados no han sido engañados; tampoco sus asesores. Hubo luz y taquígrafos. Nadie pretende otorgar salidas prematuras de prisión, ni rebajar penas; sólo, ajustarlas a lo que debieron ser desde el principio. Que se haga ahora, pasados diez años, daría para otro debate.
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