Aforamientos

Para prudencia, la nuestra. En España hay más de un cuarto de millón de ciudadanos aforados. La mayor parte de ellos son policías, cuyo privilegio es limitado; pero quedan otros casi 18.000 ciudadanos, de los cuales 2.000 son políticos. De ser cierta la teoría con la que comencé, pocos me parecen, pues no veo coherente que novios y esposas de los más altos cargos –no es más que un ejemplo– deban soportar la carga que sus parejas sí pueden evitar. Nuestros vecinos de continente son mucho menos precavidos: en muchos países, sólo están aforados el presidente de la república o los miembros del gobierno; en otros, como en Alemania o el Reino Unido, nadie.

Pero no todo son ventajas. El aforado se arriesga a que su causa sea instruida por un magistrado poco experto en estas lides, por vieja que sea su toga. Además, como el proceso ya comienza en las alturas, no puede apelar las decisiones judiciales que le resulten adversas, debiendo conformarse con lo que se decida en única instancia. Siendo así, cuesta entender que tanto político se aferre al cargo para no caer en las garras de un juez del montón. Siguiendo con los ejemplos, ¿por qué se resisten a dimitir, aun cuando ya no pueden más? ¿Por qué obligan a cinco compañeros de partido a renunciar al escaño para ocuparlo ellos?

Entre el común de los mortales, el aforamiento se ve como un trato desigualmente benévolo al poderoso; como un blindaje personal frente a una justicia que no es tan ciega como la pintan. El españolito de a pie no ve independencia judicial en el aforamiento, sino una burla al juez predeterminado por la ley del que habla la Constitución. Y así lo seguirá viendo, en tanto las vacantes de esos órganos jurisdiccionales, repletos de magistrados tan expertos e independientes –conservadores o progresistas; pocos se libran del encasillamiento– sigan siendo cubiertas por la decisión de un CGPJ tan politizado que, más que sentarse a dialogar y debatir, se dedica a contar votos. No creo en los aforamientos; así, mucho menos.