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Continuidad con guiños a Vox

Martes, 12 de abril 2022, 05:00

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Alfonso Fernández Mañueco defendió ayer, en su discurso de investidura ante las Cortes de Castilla y León, el acuerdo con Vox como “el único posible, y la única alternativa viable para evitar una repetición electoral”. Se trata de una realidad incuestionable, por cuanto la aritmética parlamentaria le da la razón, una vez que “algunos se autoexcluyeron de inmediato (en alusión al PSOE)”, tal y como recordó el presidente.

Mañueco solicitó el voto de los 31 procuradores del PP y los 13 de Vox que le acabaron apoyando para ser presidente de la Comunidad y pidió lo que en estas páginas hemos defendido desde el día siguiente a las elecciones del 13-F: que se juzgue a este Gobierno “por sus actos”. Esa será la piedra de toque que nos indicará si el pacto resulta positivo para la Comunidad o lleva a una desastrosa involución, como insisten en señalar los agoreros líderes de la oposición regional.

El presidente popular ha aprendido a hacer de la necesidad virtud y ello le llevó a mostrarse valiente y decidido en un discurso que en ocasiones alcanzó un tono vigoroso, especialmente en la defensa del acuerdo con Vox. “El nuevo Ejecutivo será fuerte, solvente y con personas experimentadas, con las ideas claras y sin complejos”, señaló Mañueco, alejándose así de quienes en el PP se sienten todavía avergonzados de contar con el apoyo de los de Abascal. En ese sentido, la ausencia ayer de Alberto Núñez Feijóo habrá que interpretarla en clave de estrategia de imagen, como un intento de evitar la foto con Santiago Abascal, siempre que el líder nacional del PP acuda a la toma de posesión la próxima semana.

Abascal sí estuvo ayer en Valladolid para arropar a su joven e inexperto candidato y muy pronto vicepresidente de la Junta. Juan García-Gallardo se mostró agradecido a Mañueco por no haberse sometido a las presiones para no pactar con Vox, aunque luego planteó un discurso ‘de máximos’ y se concentró en atacar a la oposición socialista, comunista y de Ciudadanos, en lugar de asumir la posición institucional que le corresponde como miembro del Ejecutivo de Castilla y León.

En cuanto a su programa de gobierno, Mañueco lo concibe como una oferta de continuidad, basada en la gestión anterior y en los planteamientos del PP, con algunas concesiones puntuales a Vox. Hay en su batería de propuestas algunas que rechinan frente a la ideología de los verdes, como el mantenimiento y fomento del diálogo social con sindicatos y empresarios (a los que los de Abascal quieren dejar sin subvenciones), o la apuesta por potenciar el gasto en servicios sociales y sanitarios.

En los asuntos más conflictivos, el ayer investido presidente mezcló una de cal y una de arena para hacer compatibles los programas de Vox y del PP. Así, dejó claro que la Ley de Lucha contra la Violencia de Género de Castilla y León no será derogada, como pretende Vox, pero al mismo tiempo tramitará antes del verano una nueva Ley de Violencia Intrafamiliar que responde a la terminología, y ya veremos sin también a los planteamientos, de los verdes. Mañueco considera que ambas normas son “compatibles y complementarias”, aunque para evitar choques será necesario limar el impulso antifeminista de los de Vox. Si, como indicó ayer el presidente, la ley impuesta en el pacto del 10 de marzo por García-Gallardo se limita a “mejorar la detección y la prevención, así como a reforzar la protección a las víctimas y garantizar la mejor atención inmediata” no habrá problemas. Pero falta por ver que los verdes se conformen con eso.

Lo mismo ocurre con la Ley de Concordia, que si se limita a reunir toda la normativa sobre Memoria Histórica para “avanzar en la reconciliación y evitar el uso de la Historia para dividir a los españoles” podría no provocar rechazo social, pero tampoco colmaría las aspiraciones de Vox. Será fundamental conocer el texto y el desarrollo para comprobar hasta qué punto limita o no los derechos de los herederos de las víctimas del franquismo.

Mañueco asumió en buena medida la terminología de Vox al defender una inmigración “legal, ordenada, con clara vocación de incorporación al mercado laboral y que busque la integración plena en el respeto a las leyes, valores y libertades de la sociedad que las integra”. Frente a esa ‘concesión’, insistió en que los inmigrantes seguirán siendo atendidos por los servicios sociales de Castilla y León, algo que no debió de sonar nada bien a la bancada verde.

También hubo guiños de Mañueco a Abascal y García-Gallardo en la defensa de los propietarios de viviendas, combatiendo “el fenómeno delictivo de la ocupación”, en la protección de los ganaderos frente al lobo y en la defensa del español, del mundo rural y del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos “lejos de todo adoctrinamiento ideológico”.

Por encima de los apartados sociales más conflictivos, Mañueco anunció como medida estrella la mayor rebaja de impuestos de la historia de Castilla y León, una medida que aplicará este año reduciendo ya el tramo autonómico del IRPF. En este terreno, PP y Vox aplicarán la política más adecuada a una situación de crisis como la que vivimos, justo lo contrario de lo que hace el Gobierno central, que elevará al máximo la presión fiscal este año. Además, la nueva Junta aplicará un plan dotado con 400 millones de euros para ayudar a los sectores afectados por la guerra de Ucrania y aplicará una política decidida de apoyo a la natalidad, a la familia y a la población rural.

En definitiva, un programa para cuatro años que en sus planteamientos respeta la Constitución y las leyes de nuestro país, pero no exento de peligros si los dirigentes de Vox se empeñan en llevar al extremo las ideas más radicales que les separan del PP.

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