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Un repaso somero a esta semana nos retrotrae al escenario en que se convirtió el Congreso de los Diputados, pasando por las Cortes de Castilla y León, donde el presidente Mañueco se marcó una peineta que sigue negando, para terminar en el archivo del caso ‘Primarias’, por fijarnos en tres hechos relevantes. El primero está vencido a cuenta de la enorme cantidad de análisis vertidos sobre él, que han ido en la única línea posible de total inoportunidad, formato inconsistente e incoherencia. El segundo traerá cola: Mañueco ya no es un referente en el PP nacional, porque sus resultados, igual que su popularidad, siguen bajando, por su pacto con Vox en el mismo momento histórico de la toma de Génova a cargo de Feijóo y porque, consecuencia, ya ni sacan la cara por él en situaciones controvertidas, cuando se dan en nuestra Comunidad. Así que centrémonos en el tercero.
Sólo quienes han pasado por el trance de lo que se denomina querella a la catalana conocen de su injusticia. El final del proceso para el sabido vencedor es un desgaste desgarrador, secuelas diversas, gastos de consideración y una imagen marcada, en especial, cuando el caso concede repercusión pública. De modo que, por más que quede sobreseído o archivado, como ha sido el de las primarias del PP en Salamanca, en vez de darse el principio de justicia moral, el demandante obtiene la recompensa de sus objetivos previamente marcados: notoriedad, deterioro de la imagen del rival, revolución en el partido demandado, donde algunos elementos internos pueden intentar aprovechar la situación para escalar posiciones, polarización en la prensa y en los propios seguidores del partido y, seguro, que alguna otra que se me escapa.
La justicia es un logro social en sociedades democráticas, porque hace prevalecer el principio de igualdad entre clases, aunque en realidad el funcionamiento del sistema no lo plasme. En los últimos años, se ha convertido en una herramienta, para resolver situaciones de conflicto o falta de acuerdo en cuestiones que deberían quedar en el ámbito de lo político. Es probable que no haya solución, sobre todo, mientras los partidos políticos sobrevivan de los Presupuestos Generales del Estado y puedan tirar de sus recursos sin tener en cuenta que son finitos, gastando en guerras superfluas como la emprendida por el PSOE de Salamanca, con el único objetivo de justificar sus escasas opciones de gobernar, que es lo que se prevé una vez más en las elecciones municipales de mayo. Demandar a la ‘salmantina’ debería conllevar, además del castigo en las urnas, costes directos para las personas que cometan la imprudencia, igual que los que se sufren a consecuencia de una mala praxis al volante, volando en parapente o conduciendo una motora en mar. Así, la justicia sería más justa, más universal y más eficaz.
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