«Estas reformas suponen un salto cualitativo para las personas con discapacidad»

El Gobierno ha hecho un llamamiento al consenso social para aprobar la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad que se encuentran en tramitación en el Congreso. Así se refleja en la declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles, 3 de diciembre.

En el texto, el Ejecutivo reafirma su compromiso de «materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma» y subraya la necesidad de alcanzar un consenso social y parlamentario, como ocurrió con la reforma constitucional del artículo 49.

«Es necesario positivizar en estas dos leyes ordinarias su contenido y volver a los consensos parlamentarios de la reforma constitucional de 2024, para que estos postulados sean transformadores y aplicables a una vida digna en la que las personas con discapacidad y sus familias disfruten de todos los derechos humanos», señala el comunicado. La declaración fue promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto con los ministerios de Asuntos Exteriores; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La reforma contempla medidas concretas para mejorar la autonomía de las personas con discapacidad, entre las que destacan:

- Impulsar nuevos servicios de cuidados y apoyos en la vivienda.

- Actualizar el catálogo de servicios y prestaciones.

- Reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para ofrecer apoyos más diversos y personalizados.

- Eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones, permitiendo mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales.

Según el Gobierno, estas reformas permitirán, por ejemplo, combinar empleo y servicios de apoyo sin penalizaciones, fomentando la independencia y la participación laboral. Además, incluyen un enfoque comunitario, de género y con perspectiva de igualdad.

La declaración también recuerda que la reforma responde al mandato del artículo 49 de la Constitución, prestando especial atención a las necesidades de mujeres y niños con discapacidad, y busca acelerar la transformación del modelo de cuidados hacia un sistema menos asistencialista y más adaptado a las preferencias de las personas.

El texto aprobado subraya que la accesibilidad universal es un derecho y una obligación de los poderes públicos. Incluye medidas legales para garantizar el derecho a la vivienda, como la instalación de ascensores, rampas y dispositivos accesibles en comunidades de propietarios, evitando que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de movilidad.

Asimismo, la reforma abre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad y contempla actuaciones para erradicar la violencia y las brechas de género y capacidad, reforzando el derecho a la igualdad y a una vida digna.