Los cazadores piden al Senado que frene la ley de bienestar animal

La fundación lamenta la “gran confrontación” en toda la sociedad y especialmente en el mundo rural que han suscitado ambas leyes y considera que la normativa ha sido elaborada en contra de criterios técnicos, científicos y sin escuchar a las partes.

En su argumentación, critica que la tónica general desde el inicio de la redacción de ambos proyectos legislativos ha sido la falta de acuerdo y de consenso; una urgencia innecesaria y la oposición de distintos sectores. Así, denuncia que todo ello no ha bastado para que los partidos del Gobierno hayan entendido que la ley debía dar un paso atrás e iniciarse desde el consenso y el rigor.

En este contexto, destaca la unión de científicos, profesionales, expertos, veterinarios, cazadores, propietarios de mascotas, ganaderos, entre otros muchos sectores, así como de las distintas entidades que han alzado la voz contra una ley que “lejos de buscar el bienestar animal que en teoría pretende, va a provocar consecuencias muy graves tanto a los propios animales como a importantes colectivos económicos y sociales”.

Aunque califica de “gran noticia para el sector cinegético” que se haya excluido a los perros de caza, algo “totalmente necesario y de sentido común”, afirma que “no es suficiente” porque la ley sigue suponiendo un “grave riesgo” para la biodiversidad, ya que contempla la protección de las colonias felinas, entre otras muchas cuestiones.

Por ello, insta a los representantes políticos a que escuchen a los afectados y paralicen la ley en el Senado para poder iniciar la de una normativa que defienda realmente el bienestar animal, siguiendo criterios técnicos y científicos y con el diálogo y el consenso que debe regir cualquier normativa. “Es algo que se ha pedido en numerosas ocasiones por una gran mayoría social”, insiste la fundación en un comunicado remitido a Europa Press.

En definitiva, alertan de que a las consecuencias de la Ley Animalista se une la reforma del Código Penal, que ponen en serio peligro la viabilidad de la práctica de la caza, al tiempo que genera una grave inseguridad jurídica para los propietarios de mascotas y para la sociedad en general.

Por último, reitera su ofrecimiento al Gobierno para redactar de nuevo el proyecto a pesar del interés de sus promotores así como a colaborar en cualquier tipo de legislación en este sentido.