El Congreso evalúa este jueves la idoneidad de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Congreso examinará este jueves, a partir de las 13:00 horas, si la salmantina Teresa Peramato reúne los méritos y la idoneidad necesarios para convertirse en fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien dimitió tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La comparecencia de Peramato ante la Comisión de Justicia es un trámite obligatorio —aunque no vinculante— recogido en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Su intervención tendrá lugar después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalara su candidatura el pasado 26 de noviembre.

«Reúne los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado», concluyeron por unanimidad los vocales del órgano —tanto progresistas como conservadores— en un Pleno que apenas duró quince minutos, según fuentes consultadas por Europa Press.

En el Congreso, el examen se prolongará más tiempo, ya que Peramato podrá exponer su trayectoria y detallar por qué considera que cumple las condiciones para asumir la jefatura de la Fiscalía. Tras ello, los portavoces de la Comisión podrán plantear preguntas y posicionar a sus grupos.

El EOMF establece que el fiscal general debe ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. Con 35 años de carrera, Peramato destaca por su labor en la lucha contra la violencia de género y su perfil progresista.

La ley también impide proponer para el cargo a quienes hayan sido ministros, secretarios de Estado o consejeros autonómicos en los cinco años previos. Esta prohibición, acordada por PSOE y PP tras la polémica por el nombramiento de Dolores Delgado en 2020, no afecta a Peramato, que no ha ejercido ningún cargo público. Tampoco ha ocupado puestos electos en corporaciones locales, el Parlamento nacional o autonómico, ni en el Parlamento Europeo.

La última evaluación parlamentaria de un fiscal general tuvo lugar el 21 de diciembre de 2023, cuando García Ortiz acudió al Congreso tras ser propuesto para su reelección pese al informe negativo del CGPJ y a una sentencia del Supremo por «desviación de poder». El debate fue especialmente tenso, con críticas del PP, Vox, Junts y ERC, y el apoyo de PSOE, Sumar y PNV.

En esta ocasión, el PP ha recibido la propuesta con «cautela». Su secretario general, Miguel Tellado, afirmó que «lo importante no es quién se nombra, sino quién lo nombra», cuestionando las motivaciones del Ejecutivo. Vox, por su parte, también expresó recelo: su líder, Santiago Abascal, dijo no darle «un voto de confianza» y consideró insuficiente que la candidata no haya ocupado cargos políticos.

Tras el trámite parlamentario, el Gobierno podrá elevar la propuesta al Rey. Si es nombrada, Peramato jurará el cargo ante el Jefe del Estado y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. Su mandato será de cuatro años y solo podrá interrumpirse por causas tasadas: renuncia, incompatibilidades, incapacidad, incumplimiento grave o el cese del Gobierno que la propuso.

Si finalmente accede al cargo, será la cuarta fiscal general designada bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, tras María José Segarra, Dolores Delgado y García Ortiz. La ley impide su reelección salvo que haya ejercido durante menos de dos años.