Ayuso denuncia que «Sánchez y el fiscal general actuaron coordinados para acabar conmigo por vías ilegítimas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este viernes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «cooperaron de forma coordinada» con el objetivo de «acabar» con ella por vías que considera «ilegítimas».

En su primera comparecencia tras la condena del fiscal, Ayuso sostuvo que «en ninguna democracia liberal un fiscal depende del presidente del Gobierno» y cuestionó cómo puede explicarse internacionalmente que España permita que su jefe del Ejecutivo «arremeta impunemente contra el Poder Judicial».

La dirigente madrileña calificó el 20 de noviembre como «un día histórico para la democracia española», al considerar que la Justicia ha condenado a un fiscal general por actuar con la intención de perjudicar a un adversario político. Reprochó que «España no se merece un Gobierno que mienta ni que divida a la población».

Desde la Real Casa de Correos, Ayuso recordó que el Tribunal Supremo ha impuesto a García Ortiz dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta, a quien deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Ayuso señaló que la ciudadanía pudo comprobar que la Justicia funciona «incluso frente al uso interesado de las instituciones y al abuso arbitrario del poder con fines políticos». Reivindicó que cualquier ciudadano puede encontrar amparo ante los tribunales frente a eventuales delitos cometidos «desde el propio poder del Estado».

Defendió que la revelación de información confidencial no solo vulneró los derechos de un afectado concreto, sino que evidencia «la vulnerabilidad de los derechos de todos». En este sentido, agradeció el posicionamiento del Colegio de la Abogacía de Madrid en defensa de la profesión y del derecho a la tutela judicial de cualquier ciudadano.

Calificó lo sucedido como un «inadmisible y peligroso atropello», un delito «que jamás debería haberse producido en una democracia liberal». Aun así, celebró que el Estado de derecho haya respondido, aunque insistió en que «ningún español debería tener que soportar algo semejante».

La presidenta censuró que Pedro Sánchez haya «dinamitado» la separación de poderes y haya querido actuar como «juez y parte», intentando «imponer la sentencia del fiscal al Supremo en mitad del juicio». También denunció una supuesta «maquinaria» vinculada a tramas de corrupción orientada a presionar a jueces, fiscales y periodistas.

Ayuso reiteró que «no es el fiscal, sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo», recordando que el propio presidente afirmó que el fiscal dependía de él. Le reprochó, además, haber hablado de pedir perdón al fiscal mientras ambos «borraban dispositivos digitales con intención de obstaculizar la labor judicial».

Aseguró que la noticia ha tenido impacto internacional porque «en ninguna democracia un fiscal depende del presidente del Gobierno». Criticó que se haya intentado presentar la situación como un «choque entre iguales», cuando a su juicio no hay vencedores, sino un paso más hacia la «polarización extrema».

Finalmente, Ayuso advirtió de que un «ataque del aparato del Estado a un ciudadano» no puede repetirse y denunció que no se puede permitir que el Gobierno utilice las instituciones «para protegerse de su propia corrupción».