El Abogado General del TJUE descarta una «autoamnistía» y que la ley afecte a intereses financieros de la Unión Europea
Advierte vulneraciones menores al Derecho de la Unión Europea y avisa contra el levantamiento de cautelares hasta que se resuelva
E. P.
Barcelona
Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:23
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, advirtió este jueves que la decisión final sobre la aplicación de la Ley de Amnistía recae en “unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria”.
Así lo expresó en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press, después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la mayor parte del texto de la ley.
“La opinión del Abogado General es muy clara y está sólidamente fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria”, señaló.
Puigdemont añadió que, para esos magistrados, “el mandato de quien debería haber sido juzgado como criminal de guerra resulta más vinculante que lo que pueda dictar el Congreso o la Unión Europea”.
Advirtió además de la necesidad de seguir lidiando con la justicia española, y sostuvo que el Abogado General ha dejado en evidencia “la indecente estrategia de dilación y manipulación destinada a bloquear la aplicación completa de la Ley de Amnistía, que debe beneficiar tanto a los acusados falsamente de terrorismo como a quienes fueron señalados o condenados por una malversación inexistente”.
El líder de Junts explicó que su formación decidió plantarse ante el primer borrador de la norma porque consideraban que dejaba fuera a ciertas personas y “abría demasiadas puertas para que un día la Unión Europea pudiera revertirla”.
Aunque reconoció que recibieron críticas por esa postura, defendió que actuaron pensando en el TJUE, y lamentó que la Ley de Amnistía aún no se aplique plenamente ni a todos los afectados.
“Y no es porque no sea democrática, constitucional o conforme al derecho europeo”, subrayó. “No se aplica porque existen instrucciones a las que algunos tribunales —empezando por el Supremo— obedecen ciegamente, junto a entidades tan opacas como Societat Civil Catalana —aliada del PSC en todas las batallas— y Vox, que ejerce la acusación popular”, concluyó.