La Junta de Castilla y León apoya a 1.548 trabajadores en ERTE con más de 700.000 euros en ayudas

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha resuelto la convocatoria del programa 'ATRER 2025', destinado a paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Comunidad. La resolución atiende la totalidad de solicitudes que cumplían los requisitos y refleja el éxito de las mejoras introducidas este año, beneficiando a un mayor número de trabajadores a pesar de la disminución del número total de afectados.

En total, las ayudas aprobadas suman 700.038 euros y alcanzan a 1.548 trabajadores que estuvieron afectados por ERTE, ya sea mediante suspensión de contrato o reducción de jornada, durante al menos 10 días entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de abril de 2025, con una base de cotización no superior a 4.000 euros mensuales.

Los importes de las ayudas oscilan entre 100 y 3.000 euros, en función del número de jornadas afectadas. Además, estas subvenciones son compatibles con otras destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma de percepciones —incluyendo salario y prestaciones por desempleo, si procede— no supere el 100% de la retribución bruta mensual del trabajador.

La convocatoria 'ATRER 2025' se ha visto favorecida por la mejor situación del mercado laboral, que ha reducido el número de trabajadores en ERTE, pero gracias a la modificación de las bases se ha incrementado el número de beneficiarios, pasando de 1.363 en la convocatoria del año pasado a 1.548 en la actual.

Entre las mejoras introducidas este año se incluyen: la eliminación de restricciones según el tamaño de la empresa, la inclusión de trabajadores afectados por resolución judicial en procedimientos concursales, la supresión general del requisito de presentar el certificado de empresa y el establecimiento de una cuantía fija de 10 euros por jornada de suspensión. Estas medidas han buscado ampliar el número de beneficiarios, agilizar la tramitación y asegurar criterios de mayor equidad y justicia.