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La Gaceta
Jueves, 8 de febrero 2024, 12:06
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Representantes de ASAJA, COAG, UPA y UCCL han mostrado su descontento con las nuevas políticas agrarias y las circunstancias del campo salmantino de los últimos tiempos.
Esta situación ha generado protestas masivas estos días en Salamanca y en toda españa, pero, ¿qué es lo que piden exactamente los agricultores y ganaderos con las protestas?
Según lo expresado por las organizaciones agrarias, las protestas tienen como objetivo primordial demandar la implementación de un plan de choque que contemple medidas tanto a nivel de la Unión Europea como del gobierno español y de las Comunidades Autónomas.
En términos generales, se están buscando soluciones inmediatas para agilizar la burocracia en la Unión Europea y mejorar las condiciones en un contexto de precios elevados debido a la guerra en Ucrania y la sequía. Aspectos como precios, costos de producción, simplificación y flexibilidad de la Política Agrícola Común, así como cuestiones laborales y de Seguridad Social, son algunos de los temas que se están discutiendo.
«Con esta PAC nos resulta imposible sin tener dinero llevarla a cabo» denunciaba este jueves poco antes de las tractoradas José Manuel Cortés, representante de COAG en Salamanca.
Uno de los propósitos de las manifestaciones es alcanzar una mayor flexibilidad y simplificación de la actual Política Agrícola Común (PAC), con el fin de evitar costos excesivos para agricultores y ganaderos, los cuales también obstaculizan la capacidad para cumplir los objetivos medioambientales.
Además, se solicitan modificaciones en el Pacto Verde y en otras normativas europeas relacionadas con pastos o rotaciones de cultivos. Hasta el momento, la Comisión Europea ha planteado la propuesta de flexibilizar la obligación de destinar el 4% de las tierras al barbecho para poder recibir las ayudas de la PAC.
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El sector argumenta que enfrenta una competencia desleal de parte de países externos, en particular de Marruecos y naciones asiáticas, y piden que cesen los acuerdos comerciales con los países latinoamericanos agrupados en MERCOSUR.
Se destaca que los agricultores están lidiando con un mercado sin regulaciones claras, donde se importan productos agrícolas de terceros países a precios bajos, ejerciendo presión a la baja sobre los productos de la Unión Europea y los producidos en España.
En muchos casos, los agricultores de estos países utilizan fertilizantes, pesticidas o técnicas que están prohibidas o restringidas para los españoles, acrecentando aún más la competencia desleal con el mercado internacional.
Solicitan el establecimiento de un observatorio dedicado a monitorear las importaciones que entran en la UE, así como abogar por un refuerzo en las gestiones en Bruselas para demandar reciprocidad, a través de cláusulas espejo, para todos los productos agrícolas y ganaderos que ingresen al territorio de la Unión Europea.
También piden que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) incremente las sanciones y las inspecciones, y abogan por la publicación de índices de precios y costos.
Demandan que los seguros agrarios cuenten con un presupuesto reforzado que sea capaz de compensar los daños causados por catástrofes relacionadas con el cambio climático, como la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos.
Recordamos, por ejemplo, que las asociaciones agrarias salmantinas denuncian una sequía continuada de ocho años.
Además, buscan alcanzar un acuerdo para establecer una política de gestión del agua, tomando las medidas necesarias que beneficien a España y priorizando acuerdos con otros países.
Los ganaderos argumentan que la reciente Ley de Bienestar Animal hace que las explotaciones ganaderas sean económicamente inviables, además de gran parte de las medidas de desarrollo sostenible y contra el cambio climático que se incluyen en la Agenda 2030.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su parte, incluyó el lobo ibérico dentro del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRES) algo que los ganaderos también piden derogar argumentando que esa protección se convierte en un problema para las explotaciones ganaderas ubicadas en las proximidades del hábitat de este animal
El aumento del precio de los carburantes y de otros productos están provocando sobrecostes de producción en el campo y, por tanto, en el precio final del producto.
Los agricultores y ganaderos tienen la aspiración de asegurar el compromiso de mantener las bonificaciones para el gasóleo agrícola, la reducción del IVA en carburantes y electricidad, así como la disminución de otros impuestos.
A todas estas demandas se suman las reclamaciones específicas de las comunidades autónomas, que abordan asuntos como la política de sanidad animal, poner fin a la especulación en la adquisición de tierras por parte de fondos de inversión o promover la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
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